MUNICIPAL
Un gobierno a golpe de decreto
El levantamiento de reparos de Intervención por parte del alcalde es cada vez más habitual en el Ayuntamiento
Empresas como Correos, sin contrato en vigor desde que se liberalizó el mercado en 2011, siguen prestando servicios y cobrando a modo de indeminización sustitutiva
Cada vez es más común en el Ayuntamiento el levantamiento de reparos de Intervención por parte del alcalde.
Cada día es más habitual en el Ayuntamiento de Cádiz que el alcalde de la ciudad, José María González Santos , levante reparos realizados por la Intervención municipal para abonar facturas a empresas que prestan servicios al Consistorio. Lo curioso es que muchas de estas empresas no tienen contrato en vigor desde hace años con el Consistorio gaditano ya que no se ha vuelto a sacar un concurso público para determinados servicios.
Es el caso de Correos y Telégrafos , que a pesar de que el mercado fue liberalizado completamente el 1 de enero de 2011, conforme a la Ley 43/2010, de 30 de diciembre del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y Mercado Postal, continua prestando sus servicios al Ayuntamiento de Cádiz.
Según ha podido saber este medio, con fecha 16 de mayo de 2018, se emitió un informe de reparo por parte de Intervención en relación a una serie de facturas presentadas por la citada empresa por valor de 56.263,43 euros .
Un mes más tarde, el alcalde firmaba un decreto por el que proponía la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación contraída por el Ayuntamiento gaditano con Correos por un importe de 51.492,41 euros, correspondiente a cuatro facturas presentadas por la empresa, quedando una de ellas, de 4.771,02, fuera de este levantamiento del reparo al no corresponder a la Tesorería general.
En el apartado de antecedentes del decreto de Alcaldía se especifica que se inició, por parte del Servicio de Régimen Interior, un expediente para contratar el servicio postal para las distintas dependencias municipales mediante procedimiento abierto aunque -asegura- « debido a las incidencias producidas durante la tramitación del procedimiento, el nuevo contrato aún no se ha formalizado ».
Es por ello que desde Alcaldía se considera que -siendo necesario no interrumpir la prestación del servicio, puesto que supondría una «paralización en la recaudación municipal» , se continuó prestando el mismo por el anterior adjudicatario hasta que se formalice un nuevo contrato.
Desde Alcaldía, y según indicaciones de Tesorería, aunque se acepta el reparo -dado que no existe un soporte contractual- se estima que procede el abono de las facturas «al objeto de evitar un enriquecimiento injusto de la Administración y el consiguiente perjuicio para la empresa que ha prestado el servicio».
Asimismo, se argumenta en el decreto, que la suspensión de la tramitación de las facturas podría afectar al cálculo del periodo medio de pago a proveedores pudiendo aumentar su plazo, hecho que tendría como consecuencia la aplicación de las medidas previstas en el artículo 18.5 de la Ley 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, «pudiendo incluso suponer la retención de los recursos derivados de la participación en tributos del Estado».
«Evitar un enriquecimiento injusto»
Por todo ello y como conclusión, el alcalde pide a través de este decreto la «necesidad de proponer una indemnización sustitutiva» a favor de la empresa «para evitar un enriquecimiento injusto por parte de la Hacienda municipal» y, por lo tanto, el pago de estas cuatro facturas correspondientes al período de enero a abril del presente año 2018.
Este decreto no es aislado ya que se han firmado otros por cantidades menores que la anterior, concretamente 20.383,58 euros y 9.264,51 euros , con la misma argumentación que el primero de ellos.
La situación de esta empresa podría estar repitiéndose con otras que, al igual que Correos, no cuentan con un contrato en vigor con el Ayuntamiento y siguen prestando sus servicios a la espera de que se saque un concurso público.
Recordar además que las resoluciones contrarias a los reparos que se realicen por parte de la Intervención Municipal en los ayuntamientos deben de notificarse al Tribunal de Cuentas por Ley.
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