García indica que la Medalla a la Virgen se ajusta «a la Constitución»

Continúan las reacciones a la sentencia del TSJA que ratificaba la Medalla de Oro a la Patrona, concedida en 2017 a la Virgen del Rosario y que había sido recurrida por la asociación Europa Laica. Ayer, Martín José García, expresidente del Consejo de Hermandades, emitía un comunicado en el que refutaba el argumentario de la asociación laica. Eso sí, lo hacía como letrado de la Comunidad religiosa de Santo Domingo.

En su escrito, incidía en que «como se exponía en la sentencia apelada, y hace suyo la Sala del TSJ de Andalucía, la historicidad o certeza científica de aquellos meritos no permite concluir, sin más, que el único fundamento de aquella decisión radicare en un acto de fe procesal». Y es que Europa Laica había objetado que la concesión de la medalla se había cimentado en méritos basados en la fe. Contra esto, continúa la nota de García, «se considera que la advocación de la Virgen ante los graves acontecimientos que asolaron la ciudad, intervinieron movilizándose y ayudando a la ciudadanía». Es decir, no sería un acto de fe, sino que «la sentencia deja claro que no se trata por lo tanto de una valoración de alcance exclusivamente religioso, sino que ofrece un alcance pretendidamente histórico de la incidencia que la advocación de la Virgen tuvo en el comportamiento de la ciudadanía».

En la misma nota, se subraya que «en la sentencia se aclara cómo la concesión de la medalla no constituyó extralimitación del derecho reconocido en el artículo 16 de la Constitución (como había señalado Europa Laica) que garantiza tanto el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos, ni una inmisión en la misma, rechazando lo que la recurrente consideraba una repetición de la concesión a la Virgen, al haberse antes otorgado a la Virgen de los Dolores el 30 de enero del 2013».

En su valoración de la sentencia, hay que recordar, Europa Laica señaló que esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, «al igual que otras, evidencia cómo la religión, en pleno siglo XXI, sigue impregnando el quehacer de las instituciones y el comportamiento de los cargos públicos», sea en ayuntamientos o en los tribunales, con «decisiones que implican a toda la ciudadanía que no pueden fundarse en las convicciones religiosas de quienes rigen la colectividad».