Provincia
Un funcionario roteño logra que una petición suya se debata en la Unión Europea
Francisco José Pons intervendrá el 10 de enero ante el Parlamento Europeo para pedir la regularización de los funcionarios temporales
Francisco José Pons es un funcionario del Ayuntamiento de Rota. Es uno de los más de 5.000 afectados en la provincia por el proceso de regularización de interinos, que les trae de cabeza por comprometer su estabilidad y su futuro laboral. Sin embargo, hay algo que le distingue. Ha conseguido, a base de tesón y perseverancia, que una de las mayores maquinarias burocráticas del mundo, el Parlamento Europeo, con sede en Estrasburgo (Francia), acoja y debata una propuesta suya, una petición personal.
Pons ha sumado, en tres contratos temporales, casi 20 años de trabajo en el Ayuntamiento. Por lo tanto, representa a todos los compañeros que, a pesar del largo vínculo laboral con la administración para la que trabajan no gozan de estabilidad, no tienen una plaza permanente, consolidada.
La propia Unión Europea, a través de su Tribunal de Justicia Europea, zarandeó la situación laboral de Pons y todos sus compañeros en la misma situación. Son 5.000 sólo en la provincia, 160.000 en Andalucía y casi 800.000 en España . En todos esos ámbitos territoriales suponen, de media, un tercio del total de los trabajadores públicos. Una sentencia –el pasado 3 de junio– sancionó que existe «un abuso intolerable» de este tipo de contratos en las instituciones españolas. El Gobierno se vio obligado a reaccionar y anunció el ‘Icetazo’ –en referencia al ministro que firmó el decreto ley, antes líder de los socialistas catalanes y actual ministro de Cultura, Miquel Iceta–.
Para poner fin a esa situación que Europa denunciaba formalmente, el Ejecutivo hace público que los interinos o temporales con más de diez años de trabajo continuado sin que su plaza haya sido convocada pasarán a ser fijos por el (aún por concretar y aplicar) decreto de Iceta. Sin embargo, los que tengan más de tres años de trayectoria laboral sin que su plaza se haya convocado formalmente tienen que volver a someterse a una prueba de ingreso.
Compás de espera
La discusión sigue en ese punto. El Gobierno, a través de socios como Esquerra Republicana, ha hecho amagos de recortar el límite de la regularización a todos los que hayan sumado cinco años o más con contratos temporales o precarios.
El debate parlamentario y extraparlamentario sigue en marcha con constantes movilizaciones de los afectados (sólo 800 en el Ayuntamiento de Cádiz, por ejemplo). En esa situación aparece Francisco José Pons. A base de insistir ha logrado que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo incluya en el orden del día del próximo 10 de enero su petición. La elevó el pasado 8 de julio y será él quien la defienda en ese estamento como afectado y como miembro de la Asociación de Empleados Públicos en Abuso de Temporalidad (Asepat), que agrupa a profesionales en esta situación en Cádiz en sus diferentes administraciones: ayuntamientos, Diputación, Junta de Andalucía o administración estatal.
Debido a la situación sanitaria en toda Europa, la intervención se producirá por videoconferencia y se centrará en denunciar la desprotección de los trabajadores interinos en nuestro país. Según Asepat, su previsión es denunciar que el ‘Icetazo’, el proyecto legislativo del Gobierno, es claramente insuficiente para regularizar la situación de decenas de miles de trabajadores públicos.
En defintiva, la previsión es que el Parlamento Europeo debata, a través de esta propuesta, la solución que el Gobierno de España pretende aplicar tras el tirón de orejas del Tribunal de Justicia Europea del pasado 3 de junio.
El objetivo es hacer visible la situación de trabajadores, en muchos de 50 años de edad, se expongan a tener que volver a competir por su plaza, con miles de personas, a pesar de llevar años trabajando en la administración y haber accedido a su actual puesto de trabajo, siempre, a través de una prueba, examen, oposición o concurso.
El funcionario roteño expondrá al Parlamento Europeo que la situación ya se ha vivido y se solventó con mejor fórmula: en 2005 y en 2009, ante situaciones similares aunque sin tirón de orejas de la Unión Europea, se produjo una regularización masiva. Decenas de miles de interinos y temporales pasaron a ser funcionarios, con plaza consolidada.
