POLÍTICA
El enfrentamiento por bandera
Las diferencias entre Podemos y PP se recrudecen tras la conmemoración del 14 de abril
Las diferencias entre los representantes del equipo de Gobierno municipal y los concejales del PP son insalvables. Parece que no hay lugar al acercamiento de posiciones entre ambos y menos aún a una posible reconciliación. El paso del tiempo ha fraguado una espesa capa de reproches que, finalmente, ha cristalizado. La crisis del agua del barrio de Loreto y sus consecuencias han marcado el antes y el después de las relaciones políticas entre Podemos y el PP. El alcalde de la ciudad, José María González, y su concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, denunciaron públicamente que el equipo de Gobierno anterior, presidido por Teófila Martínez, había autorizado a sabiendas el suministro de agua contaminada en Loreto en octubre de 2014, tras detectarse un problema de bacterias en las tuberías.
El equipo de Gobierno aireó un informe elaborado por técnicos de la UCA para confirmar sus tesis y puso el caso en manos de la Fiscalía; sin embargo, la justicia no ha tomado cartas en el asunto al no constar un escrito de denuncia. Quien sí ha emprendido acciones legales ha sido el Grupo Municipal del PP por esas acusaciones. Para ello, ha presentado un informe técnico en el que demuestran que no hubo tal negligencia. El portavoz municipal del PP, Ignacio Romaní, llamó «mezquino» al alcalde por actuar de esa forma.
Así las cosas, las relaciones entre ambos partidos suben de tono cada vez que surge la posibilidad y, desde luego, no hay día que pase que no se produzca el enfrentamiento. El último episodio se ha vivido como consecuencia de la guerra de las banderas. El Ayuntamiento decidió izar la enseña de la República el pasado 14 de abril en el balcón de la Casa Consistorial, pero cinco horas después, fue la Justicia la que ordenó que se arriara de inmediato la enseña republicana al ser ilegal su presencia en un edificio oficial. El PP alertó de esta irregularidad y reconoce que la anécdota es lo que verdaderamente mueve la gestión del alcalde de Cádiz. Según el PP, el regidor gaditano no gestiona, «se trata de una huida hacia adelante».Los populares afirman que está más preocupado por la batalla mediática que por la ciudad.
Como casi siempre, uno de los más duros a la hora de referirse a lo que había ocurrido fue el portavoz popular, Ignacio Romaní. El concejal popular se explayó ayer respecto del esperpento que tuvo lugar ayer en Cádiz a cuenta del izado de la bandera de la República, que un juzgado ordenó que fuera arriada. Romaní lamentó que un día de reconocimiento terminará en un espectáculo gratuito protagonizado por el alcalde y su equipo. En ese sentido, Romaní recordó que el gobierno de Teófila Martínez reconoció en su momento, año 2006, la figura del alcalde republicano Manuel de la Pinta; sin embargo, la escena de del jueves con las banderas «fue bochornosa». En este sentido, Romaní señaló que «el alcalde no para de decir tonterías y está más preocupado por la batalla mediática que por Cádiz».
En su opinión, la ciudad carece de gestión política. Su regidor se limita a «huir hacia delante y cada metedura de pata es mayor». A juicio de Romaní, el alcalde es rehén de sus palabras y de sus actos».
«No es la sede de su partido»
En la misma línea se manifestó ayer el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que manifestó, en relación al izado de la bandera republicana, que «hay quien ha confundido el Ayuntamiento con la sede de su partido, y eso no es solo un error, sino que es una auténtica barbaridad», y ha pedido al alcalde de Cádiz, José María González (PCSSP), «algo de altura institucional y que se deje de polémicas estériles».
Sanz insistió en que la retirada de la bandera republicana no es algo «que diga el Gobierno, sino la autoridad judicial», que es quien «ha ordenado la retirada de la bandera que de manera ilegal algunos ayuntamientos pretendieron poner, dentro de lo que es el abuso de las instituciones y la absoluta confusión entre lo que es la política de partido y la representación institucional de un ayuntamiento».
En este sentido, añadió que «la jurisprudencia es clara y si alguien ha querido saltarse la norma, la Delegación del Gobierno estará tomando las decisiones para que se cumpla la ley». Pero fue más lejos. A juicio de Sanz, «es un muy mal ejemplo que los representantes institucionales se salten la ley, se crean que están por encima de la ley y se crean que en lugar de representar a todos los ciudadanos solo representan a los que lo han votado».
Nadie se había quejado
La réplica la dio ayer el delegado de Memoria Histórica, Martín Vila, que anunció que el Ayuntamiento recurrirá el auto judicial que le obligaba a retirar la bandera de la II República. Vila insistió en que no se retiró ninguna de las banderas oficiales que a diario ondean en el balcón municipal, sino que se utilizó un cuarto mástil para izar la enseña tricolor, con lo que cree que no se faltó a lo dictaminado en la Ley de Banderas. Recordó que desde el equipo de Gobierno ya se han llevado a cabo acciones similares con anterioridad, izando en el Ayuntamiento la bandera arcoíris o la scout, sin que ni la Subdelegación del Gobierno ni nadie haya interpuesto denuncia ni queja al respecto. Es por eso por lo que desde el equipo de Gobierno se sospecha que detrás de la reacción de la administración estatal hay un «cariz político».
Vila afirmó que «parece que el PP ha instrumentalizado la Administración General del Estado como aparato de su política. Esto es lamentable, porque lo que hicimos el jueves era un acto de reconocimiento a veintidós personas que fueron asesinadas por un golpista en el 36».
El edil explicó que la decisión de izar la bandera proviene de una petición de dos colectivos, la plataforma por la recuperación de la memoria histórica y el Ateneo Republicano, y se anunció que, «si vuelve a haber una demanda se volverá a estudiar su izado».
En la misma línea, el concejal quiso advertir al Partido Popular que «no va a frenar ni una sola de las medidas que está poniendo en marcha la Delegación de Memoria Democrática. No vamos a dar ni un paso atrás», dijo.
Por último, desde el equipo de Gobierno se espera que el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, explique «por qué tiene tanto interés en este asunto y no en otros como la desaparición de Rodríguez de Castro o la que todos conocemos de la sustancia» que estaba en los depósitos de la Policía.
