Caso de los chiringuitos
Los ediles de C's declararán el 24 de septiembre por la denuncia contra el alcalde por los chiringuitos
El juez tomará declaración a Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández-Trujillo por la denuncia por prevaricación
El 24 de septiembre será la primera fecha importante para aclarar el embrollo en el que están sumidos los chiringuitos de las playas de Cádiz. La denuncia interpuesta por Ciudadanos Cádiz contra el alcalde por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos ante las supuestas irregularidades en la gestión de la titularidad de estos establecimientos continúa su curso y los denunciantes serán los primeros que tendrán que visitar el Juzgado.
Tras las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, los ediles Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández-Trujillo tendrán que prestar declaración el próximo 24 de septiembre para aportar su versión sobre los hechos en los que se fundamenta la denuncia por la transmisión de la titularidad de estos establecimientos llevada a cabo por la Junta de Andalucía a petición del Ayuntamiento de Cádiz.
Tal y como consta en el escrito de la denuncia, los concejales acusan a José María González, 'Kichi' , de un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos al haber permitido con un Decreto transmitir la titularidad de los chiringuitos a los empresarios sin haber sometido estas nuevas condiciones a concurso público.
Hasta el momento, el juez ya ha pedido información al Ayuntamiento de Cádiz sobre el expediente administrativo que se ha puesto en entredicho desde la oposición. Y parece ser, que ahora serán los responsables políticos los que serán llamados a declarar para que den las explicaciones oportunas a un caso que, a priori, cuenta con actuaciones que tendrán que ser explicadas y argumentadas por quienes las llevaron a cabo.
No obstante, desde el Ayuntamiento gaditano siguen defendiendo la legalidad del proceso al asegurar que dicha transmisión de la titularidad no se ha llevado a cabo, algo que ha sido negado por la Junta de Andalucía, que en diferentes documentos reconocen que dicha transmisión se llevó a cabo el pasado mes de noviembre de 2017, alegando que el Consistorio gaditano no presentó alegaciones ni recurrió la resolución.
Nuevos actores
Además, ahora es también la Demarcación de Costas la que parece sumarse a este cruce de acusaciones entre las partes implicadas, poniendo también en entredicho esta tramitación administrativa y poniendo de relieve la existencia de irregularidades en todo el proceso.
Por su parte, los empresarios , que están también implicados en todo este procedimiento, se agarran a la resolución emitida por la Junta de Andalucía el pasado mes de noviembre en el que se les reconoce como titulares y, por lo tanto, siguen proponiendo la modificación sustancial que les permitiría ampliar sus terrazas, ampliar su periodo de apertura a todo el año y prorrogar sus concesiones hasta los 30 años. Un expediente de modificación sustancial que la administración autonómica sigue tramitando a pesar del litigio y del oscuro proceso en el que está envuelto este caso.
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