Los dueños de los chiringuitos no descartan medidas judiciales contra el Ayuntamiento

Los hosteleros amenazan con no desmontarlos si finalmente el Consistorio, que alega ahora trabas jurídicas, no tramita correctamente la concesión para abrir en invierno

N. AGRAFOJO

Los empresarios de los chiringuitos gaditanos no están dispuestos a quedarse sin poder abrir sus negocios durante los meses de invierno. El presidente de la Asociación de Empresarios de Costa de Cádiz (Aecca), Antonio Guerrero, ya ha advertido a los responsables municipales de que están dispuestos a forzar la situación, e incluso barajan la posibilidad de no desmontar las estructuras en caso de que el Ayuntamiento decida no tramitar el procedimiento de modificación sustancial que requiere la Junta para ampliar el permiso de apertura.

Según el empresario, la posibilidad de abrir en invierno supondría un importante apoyo para sus negocios y, sobre todo, para la generación de empleo. « Queremos seguridad jurídica y no una situación de excepcionalidad y estar en precario », apuntó el portavoz de la entidad, que añadió: que «no entiendo que un ayuntamiento no quiera que un motor económico como el turismo no tenga un servicio en la playa».

Asimismo, Guerrero aseguró que ayer tras la reunión que mantuvo junto a los responsables de los seis chiringuitos que han solicitado abrir durante todo el año con el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Cádiz, Ángel Acuña. «Si el Ayuntamiento tiene un concepto distinto de lo que hay que hacer nos sentamos y lo aclaramos, pero solo hay un camino. No podemos tener reinos de taifas que quieran hacer procedimientos distintos o modalidades distintas a lo que está estipulado», añadió.

No obstante, desde la asociación tampoco descartan llevar a cabo medidas judiciales contra el equipo de Gobierno en caso de que éste decida no tramitar la documentación. «Hace un mes mantuvimos una reunión con el Ayuntamiento en la que se nos ofreció una salida temporal que era una especie de autorización absolutamente en precario para este año y que, visto con la Junta, no se puede dar», zanjó.

Y mientras los hosteleros amenazan con no desmontar los chiringuitos, el Ayuntamiento de Cádiz se mantiene en la misma postura que ha impedido que a falta de 10 días para que expire el plazo estipulado para la concesión, aún no esté resuelta. La burocracia se ha convertido en el principal obstáculo que tendrán que salvar tanto los empresarios como las administraciones públicas para que los chiringuitos de Cádiz se mantengan abiertos durante los meses de invierno. Curiosamente, las tres partes implicadas en este asunto están de acuerdo en el fondo de la cuestión y han manifestado su intención de prolongar el periodo de apertura. Ahora bien, el problema está en cómo hacerlo legalmente.

Misma vía que el año pasado

El Ayuntamiento de Cádiz ha reconocido problemas de carácter jurídico en el procedimiento ordinario de modificación sustancial que solicita la Junta de Andalucía para conceder dicho permiso. Según el concejal de Urbanismo, Martín Vila, si el Ayuntamiento de Cádiz inicia la tramitación de este procedimiento, estaría poniendo en riesgo las actuales concesiones.

En este sentido, explicó ayer en rueda de prensa que según los informes jurídicos elaborados por los técnicos municipales, esta situación podría entenderse como un cambio sustancial del pliego de condiciones por el que fueron adjudicados los chiringuitos y, por tanto, podría ser impugnado por parte de cualquier persona que se haya visto perjudicada de alguna manera.

Ante estas advertencias de los técnicos municipales, Vila ha asegurado que el Ayuntamiento ha optado por salvaguardar los derechos de los actuales concesionarios «sin cometer irregularidades», optando por una solicitud de apertura de carácter extraordinario, tal y como se realizó el pasado año. De este modo, no cabría recurso alguno porque no se estaría modificando el pliego de condiciones. Con respecto a esta vía, el Consistorio asegura haber mandado a la Junta de Andalucía toda la documentación requerida.

Sin embargo, la Junta de Andalucía no está dispuesta a aceptar un procedimiento que ya no está en vigor tras aprobarse nuevas medidas para regularizar la situación de todos los establecimientos de playa, sea de la ciudad que sea. De hecho, todos los ayuntamientos excepto el de Cádiz han acatado el procedimiento y han tramitado sus peticiones tal y como ordena la administración autonómica.

El delegado provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ángel Acuña, manifestó por su parte que el trámite para la modificación sustancial de la concesión «es el único procedimiento válido y aplicable a toda la provincia», rechazando cualquier posibilidad de conceder otro permiso. «Lo que el Ayuntamiento pretende es que hagamos una ampliación del plazo sin ajustarse a ningún procedimiento, cosa que no vamos a hacer», sentenció el responsable autonómico, que recordó que la Delegación ha hecho hasta tres requerimientos al Ayuntamiento en este sentido.

Además, volvió a insistir al Ayuntamiento en que el plazo aún está abierto y ha instado a sus responsables a entregar la solicitud antes del día 31 de octubre y mostrado su confianza en que el Ayuntamiento «resuelva cualquier problema interno que pueda tener, ya que se viene escudando en una serie de problemas internos que le impiden dar ese paso, pero ya se ha resuelto en otras localidades sin ningún tipo de problema», explicó.

En este sentido, sostuvo que el Ayuntamiento «no puede paralizar una ciudad desde el punto de vista de la creación de empleo porque piense que puede tener cualquier tipo de reclamación futura –al pliego de concesiones– que vendrá o no vendrá». Por ello, y atendiendo a que el gobierno local ha manifestado públicamente que quiere que los chiringuitos se mantengan, reconoció que le «extrañaría mucho» que no acaben finalmente realizando el trámite antes de que expire el plazo.

Por su parte, los empresarios, que mantuvieron ayer la reunión con el delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ángel Acuña, mostraron su apoyo al ente autonómico y aseguraron que si finalmente no consiguen el permiso «el único responsable será el Ayuntamiento», ya que supondría que «no quiere tramitar la documentación o hacer el procedimiento que todos los ayuntamientos están haciendo» ante la Junta de Andalucía para la modificación sustancial de la concesión.

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