La dirección del recinto fiscal plantea un ERE voluntario para 17 de sus empleados
Los responsables de Recursos Humanos de la Zona Franca aclaran que la medida no es traumática y que será pactada con los afectados
La dirección de la Zona Franca ha planteado la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 17 de sus 63 empleados. No se trata de una medida traumática ni tampoco de un expediente extintivo, según fuentes del propio recinto fiscal. La intención de los responsables de Recursos Humanos del recinto fiscal gaditano es pactar la salida de forma voluntaria y amistosa. La medida afecta a los trabajadores con más de 55 años y ubicados, especialmente, en secciones de mantenimiento y servicio. Esta iniciativa ya se ha comunicado de forma verbal al comité de empresa de Zona Franca y no se descarta que a la vuelta de las vacaciones de verano comience la negociación de las condiciones para facilitar las salidas. Desde Zona Franca se ha insistido en que la negociación será personal.
El alcalde de Cádiz y presidente del Consorcio de la Zona Franca, José María González, no estaba al tanto de esta medida y ha señalado que se reunirá «con todas las partes implicadas, con todas las voces y actores, para enterarnos de primera mano si el delegado especial va a hacer un ERE y la postura del comité de empresa al respecto». El alcalde ha comentado que la postura del equipo de Gobierno «será la misma que la de los representantes de la plantilla; nos posicionaremos siempre del lado de los trabajadores».
El Consorcio de la Zona Franca de Cádiz llevó a cabo en los últimos cuatro años un proceso de expansión liderado por el entonces delegado Jorge Ramos. La llegada el pasado diciembre de Alfonso Pozuelo a la dirección del recinto fiscal ha supuesto un nuevo rumbo. La Zona Franca firmó el pasado mayo una póliza de crédito por valor de 70 millones de euros para refinanciar buena parte de la deuda financiera, que en la actualidad asciende a 96 millones de euros. Esta póliza fue aprobada en el último comité ejecutivo de la Zona Franca y durante los siete años de vigencia el Consorcio se va a ahorrar unos 15 millones de euros en intereses y, además, las propiedades quedan libres de hipotecas.