ANÁLISIS

Dieciséis años dándole vueltas al mapa

La capital gaditana lleva ya más de tres lustros esperando que se concrete un proyecto que se anunció en 2001 pero que nunca se ha empezado a ejecutar

Recreación virtual del único proyecto que se presentó.

MARÍA ALMAGRO

4 de diciembre de 2001. Ese fue el día exacto en el que la Junta de Andalucía anunció por primera vez que estaba dispuesta a levantar en Cádiz una Ciudad de la Justicia donde se unificaran todos los juzgados de la capital para darles una mayor eficacia. Pero tras esa fecha, hubo muchas más. Más plazos, promesas, apretones de manos, e incluso una licencia de obras caducada. El proyecto, que llegó a tener una recreación virtual se ha quedado en este tiempo, precisamente en eso, en algo virtual. Desde hace más de tres lustros la capital de la provincia espera un equipamiento que, por problemas de sintonías políticas o de financiación , nunca ha empezado a ejecutarse.

En este tiempo han sido varios los emplazamientos que se han barajado. Los técnicos de los diferentes equipos que han pasado por esa responsabilidad le han tenido que dar varias vueltas al mapa. El primer lugar, el original y por el que siempre apostó el gobierno de Teófila Martínez, fue el antiguo solar de la Institución Provincial Gaditana, en San Severiano, entre las calles Brunete y Tolosa Latour. Para esa parcela, el Ayuntamiento cedió los terrenos pero esa opción se esfumó cuando justo hace un año, en febrero de 2016, caducó la licencia urbanística que se había otorgado. El Gobierno regional había descartado en 2013 el citado emplazamiento ante la falta de recursos.

El último fue Altadis. El cierre definitivo de la planta alumbró esa nueva idea. La Junta vio en el espacio que dejaba la tabacalera el lugar idóneo para concentrar allí los juzgados. La operación resultaba más viable y menos costosa pero, finalmente, el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, tiró la toalla en julio ante la imposibilidad de encontrar un punto de consenso con el Ayuntamiento y la Zona Franca, propietaria de los terrenos.

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