PERSONAL

UGT denuncia precariedad laboral y discriminación en Asuntos Sociales

Exigen al alcalde de la ciudad un Pacto de estabilidad en el empleo para los trabajadores de esta delegación

El alcalde y la responsable de Asuntos Sociales, Ana Fernández. LA VOZ

LA VOZ

La sección sindical de la FeSP-UGT en el Ayuntamiento de Cádiz exige tanto al alcalde como a su equipo de Gobierno, y más concretamente al concejal delegado del área de Personal, un Acuerdo de Estabilidad en el Empleo dirigido al personal de Asuntos Sociales .

El sindicato señala que Asuntos Sociales es una de las delegaciones del Ayuntamiento con mayor número de trabajadores y, asímismo, «una de las que más brilla por la precariedad en el empleo ya que sus empleados sufren de una mayor inestabilidad laboral, además de una discriminación en concepto salarial puesto que son nombrados por programa y cobran una cuantía inferior a los funcionarios de carrera a pesar de que tengan las mismas categorías profesionales».

Defienden que dos años después de llegar al Ayuntamiento, el equipo de Gobierno aún no ha corregido la consigna de «a igual trabajo, igual salario» .

FeSP-UGT explica que en la actualidad hay un total de 14 trabajadores que terminan su nombramiento el próximo 30 de junio , y que, faltando tan sólo una semana, no saben nada respecto a la renovación de los mismos. Afirman que «no nos gustaría que se volviera a repetir la historia del pasado 30 de junio de 2014, en la que despidieron a 24 trabajadores de la misma delegación cuando gobernaba otro partido político».

Para la sección sindical, «un equipo de Gobierno denominado de izquierdas debería de tener presente que los Servicios Sociales no sólo se basan única y exclusivamente en atender las necesidades básicas de la ciudadanía». A su juicio, aunque cubrir las carencias económicas de la ciudadanía es clave, «también se demuestra que histórica y sociológicamente la prestación de dichas ayudas es utilizada implícitamente como mero cauce de contención social si no van acompañadas de una intervención global, integral y transversal».

El sindicato declara que las llamadas «ayudas» terminan por convertir a los propios servicios sociales en « beneficencia institucionalizada ».

Incide en que esta intervención social en todos sus ámbitos, «requiere de dotación de personal, de equipos interdisciplinares , y que se les ofrezca una estabilidad laboral y un compromiso por parte de un gobierno denominado de izquierdas que apueste firmemente por estos trabajadores y que contribuyan de verdad en la creación de puestos y plazas en las diferentes categorías que desarrollan su labor profesional en los servicios sociales».

FeSP-UGT denuncia que el Ayuntamiento ha venido utilizando a lo largo de los años a personal «erróneamente denominados 'por programas', para no tener que crear los puestos en la Relación de Puestos de Trabajo , ni las consiguientes plazas en plantilla, fomentando con ello la precariedad laboral y situaciones de discriminación en estos trabajadores respecto a otros colectivos de empleados municipales».

La sección sindical insiste en que hay trabajadoras que han tenido que pasar a lo largo de los últimos años por diversos procesos selectivos «para volver a demostrar una y otra vez su profesionalidad porque tras dichos procesos selectivos no han conseguido una estabilidad laboral».

FeSP-UGT interpreta «como maltrato institucional, laboral y de la propia administración hacia sus empleados que después de 12, 15 y 18 años al servicio de la misma tengan que seguir pasando por una renovación de bolsas, obligándoles a competir con cientos de aspirantes dado que llevan esperando que la administración cree dichas plazas para así poder consolidar, a través de una Oferta de Empleo Público , lo que está más que demostrado que son plazas estructurales».

De hecho, señalan que en los 5 equipos interdisciplinares de Intervención Familiar (prestación básica), «tan sólo existe un puesto en RPT y una plaza en plantilla en la categoría de psicólogo/a».

Añaden que «teniendo en cuenta que cada equipo interviene con una media de entre 50 y 60 familias , no es de recibo que se siga manteniendo la precariedad laboral y discriminatoria en concepto salarial que sufren estos compañeros municipales, al igual que en el resto de las categorías profesionales como trabajadores sociales, técnico medio de Asuntos Sociales, psicólgos y monitor del Mayor, entre otras».

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