REPORTAJE
La Corrala de Cádiz, de bandera electoral a fracaso de las políticas sociales
Tras años en el olvido y graves problemas de inseguridad, el final de la okupación de este bloque ha venido por parte de la mano privada
Una «salida ordenada». La actual propiedad de la Corrala de la Bahía , el edificio de Cádiz okupado durante más de seis años, utilizó estas palabras para referirse a la operación de desalojo que ha puesto fin, de momento, a una problemática de convivencia ... vecinal enquistada y dilatada en el tiempo. Pero no siempre fue así. La marginalidad, el abandono y el fracaso de las anunciadas y proclamadas políticas sociales fueron deteriorando la vida en el número 56 de la avenida de Portugal hasta convertirse en algo «insoportable», según los vecinos. Reyertas, gritos, droga, que fueron haciendo cada vez más difícil una solución.
Pero, como decíamos, los inicios, fueron algo distintos. Fue el 24 de enero de 2015 cuando más de veinte familias entraron a la fuerza en este bloque. Cuatro de ellas venían de otro edificio cercano (el número 43) donde habían estado de okupas. Ellos se habían quedado fuera de los seleccionados por Asuntos Sociales del Ayuntamiento para ser realojados en otras viviendas. Se formó entonces la ‘Corrala de la Bahía’. «Nos veíamos en la calle y solo buscamos un techo». Así que decidieron romper la puerta y entrar . El efecto llamada fue brutal. En pocas semanas ya estaba todo el bloque okupado. Se definían como una «comunidad unida» que quería ayudar a la gente necesitada. Tenían asambleas semanales para tomar cualquier decisión.
Y así fueron pasando los días y el tema entró ya a terreno político . Primero, en febrero, a un Pleno del Ayuntamiento en el que se instó a la Junta a intervenir como habían hecho en Sanlúcar y en Sevilla (con la Corrala Utopía). El preámbulo de la moción subrayaba la «preocupación del Ayuntamiento por la situación de las familias que están okupando ese edificio sin los suministros básicos imprescindibles». Pero no se supo mucho más.
Las semanas siguieron pasando. En mayo de ese mismo año, José María GonzálezSantos, Kichi, se convertía en el alcalde de Cádiz. Entre sus promesas de megáfono y mitines había reiterado su apoyo a la Corrala. Le encontrarían una solución. «Son más de 30 niños los que viven allí y cuando hay niños delante, las cosas se vuelven muy serias», aseguraba ante los medios en agosto. «Se trata de un trabajo para equilibrar esa diferencia que existe entre los tiempos de la administración y la burocracia y los tiempos de las personas», pero «entended que en cincuenta días estamos haciendo todo lo que podemos».
La carta de Kichi al Santander
Pasaron más días. Y llegó el otoño. Entonces Kichi decidió escribirle una carta al Banco Santander, dueño entonces de la Corrala. Así la comenzaba:«Uno de los primeros objetivos que me puse cuando tomé en mis manos el bastón de mando como alcalde de Cádiz fue darle una solución a la situación de los gaditanos y gaditanas que viven, o habría que decir habitan, en la Corrala de la Bahía», exponía. «Casi cuatro meses después de aquel día que abrió esta etapa de ilusión la actitud de los propietarios de inmueble y su cerrazón es la única culpable de que estas vecinas y estos vecinos se encuentren en esta situación de precariedad que roza lo inasumible en pleno siglo XXI», lamentaba. Y prometía:« Pues no vamos a parar hasta conseguirlo . Ni este equipo de Gobierno, ni yo, ni este Ayuntamiento, ni los miles de gaditanas y gaditanos que tenemos detrás apoyándonos en una de las reclamaciones más justas de cuantas podemos hacer: garantizar una vivienda digna, un derecho humano básico».
La misiva provocó un gran revuelo. PP, PSOE y Ciudadanos no entendieron que se le pidiera responsabilidad a la propiedad sobre una ilegalidad y, además, le acusaron de mentir a estas familias con las que Podemos se había comprometido durante la campaña.
Llegó el invierno. Y entonces, comenzaron las discrepancias entre los okupas. El «hombro con hombro», identidad del colectivo, pasó a los roces y los conflictos entre algunos de los miembros que compartían el edificio. Y así, siete de estas familias decidieron irse de allí, sin necesidad de que nadie les echara.
Pasaron más meses, y años. Los peores. La presencia de los ‘zetas’ de la Policía Nacional, requerida en multitud de ocasiones comenzó a ser habitual. Los comerciantes y los vecinos de Segunda Aguada temían pasar por allí . Las peleas, los gritos, el ir y venir de toxicómanos, el trapicheo, la suciedad y el hedor del abandono más oscuro. También las detenciones. Entre ellas, en agosto de 2018, (hay muchas), la de un hombre de 36 años que usaba uno de estos pisos para vender ‘rebujito’, las papelinas de mezcla de cocaína con heroína. Los agentes le interceptaron hasta tres compradores. Cuando fue arrestado iba a coger el coche llevando 1.160 euros encima para aprovisionarse de más droga en Sanlúcar.
Los problemas se fueron poniendo cada vez más serios. No por todos los que allí vivían que lo seguían haciendo de manera irregular, sino por los que reventaban todo lo que arreglaban poco a poco los otros. Jeringas por las escaleras, objetos robados y almacenados en habitaciones destrozadas, ajustes de cuentas... Tanto es así que en la primera y segunda planta llegaron a cerrar con llave la puerta del rellano que daba al resto del edificio como una especie de ‘muro de contención’ de lo que no querían allí pero que sí seguía.
Las peleas eran habituales. En una de ellas una mujer le llegó a clavar un punzón en el rostro a otro hombre. Hubo una reyerta con tres detenidos que se resistieron con violencia a la Policía. A las horas, uno de estos detenidos aparecía fallecido por sobredosis tras haber sido puesto en libertad con cargos.
El fondo de inversión norteamericano Cerberus se hizo con la Corrala en 2019 tras comprárselo al Banco Santander dentro de un paquete de viviendas, pero nunca pudo hacer uso de él. Este martes y tras una salida pactada previo cobro de 5.000 euros por vivienda, los okupas que quedaban, sacaban sus cosas y dejaban atrás esta historia.
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