Cádiz

Contradicciones de José María González en las declaraciones del 'caso Loreto'

Kichi ratificó ante la jueza su respuesta a la papeleta de conciliación de la querella del PP donde dice que Aguas Cádiz «a sabiendas, suministró agua contaminada y no apta»

El alcalde, a su llegada a los Juzgados la pasada semana. ANTONIO VÁZQUEZ

ALMUDENA DEL CAMPO

El alcalde de Cádiz , José María González Santos , entró en varias contradicciones durante su declaración ante la jueza el pasado martes 14 de febrero en el procedimiento que se mantiene abierto en el Juzgado de Instrucción número tras la querella presentada por el PP contra el regidor gaditano, el exconcejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe de gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia, por presuntas «injurias y calumnias» hacia el anterior equipo de Gobierno liderado por Teófila Martínez.

El alcalde comenzó su declaración asegurando «que no sabe a través de quién fue la convocatoria » de la asamblea en la que supuestamente se hicieron las declaraciones por parte de los tres investigados, cuando existen convocatorias oficiales desde el gabinete de prensa del Ayuntamiento citando a los medios de comunicación a asistir a dicho acto público.

Asimismo, el alcalde dijo que «que en ningún momento hizo responsable al equipo de Gobierno anterior y partido político».

En su declaración -a la que ha tenido acceso este medio- aunque confirmó primeramente que no «sabe si dijo a sabiendas» y posteriormente que «no quiso decir que se suministró agua contaminada a sabiendas ni tuvo voluntad de decirlo» , sí que consta que se ratifica en la contestación a la papeleta de conciliación de esta querella del PP.

En dicha respuesta, firmada por los tres investigados, se expresa textualmente que «lo que se dijo quedó fielmente reflejado en todos los medios de comunicación que informaron sobre dicha asamblea y en lo que nos reiteramos los firmantes de este escrito, es que a la luz del citado informe, durante 14 días Aguas Cádiz SA, empresa pública de la que era presidente el demandante Ignacio Romaní y cuya gerencia dependía directamente del anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad presidido por la demandante Doña Teófila Martínez y formado únicamente por miembros del Partido Popular, a sabiendas, suministró agua contaminada, no apta para el consumo, a los vecinos de la barriada de Loreto ».

Por otro lado, el alcalde, con respecto al informe que se lleva a Fiscalía para aclarar lo sucedido y que finalmente ha sido archivado, asegura que «quien decide llevarlo a Fiscalía es Acasa (Aguas Cádiz)», del que era presidente Manuel González Bauza (ex miembro del equipo de Gobierno actual).

A continuación, se le pregunta acerca del acta de la primera comisión informativa de sostenibilidad en la que se se dictamina, por un lado, solicitar un informe a los técnicos complementario al ya presentado en Fiscalía, y por otro, pedir a los antiguos responsables de Aguas Cádiz un informe sobre las causas del corte del suministro. Ante esto responde «que no se esperó porque el informe elaborado por los técnicos era suficientemente extenso y completo, y era suficiente para ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y que fue el compromiso que tenía con el barrio de Loreto ».

Esta causa aún permanece abierta a la espera de que se cite a declarar, a petición de la acusación, a los periodistas que informaron sobre dicho acto.

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