Tribunales
El contencioso fija para el 11 de marzo el juicio sobre la comisión del alumbrado
El PP pretende forzar su convocatoria a través de los tribunales para aclarar el contrato de la iluminación de la Navidad del año 2016
La cita en el juzgado de lo contencioso será el próximo 11 de marzo.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha fijado para el próximo 11 de marzo el juicio a raíz de la demanda presentada por el concejal del Partido Popular, José Blas Fernández, para exigir el cumplimiento del acuerdo plenario del 28 de julio de 2017 por el que se aprobó por unanimidad la creación de una comisión de investigación sobre el contrato que se firmó en el año 2016 -entre el Ayuntamiento de Cádiz y la empresa Eléctrica de Cádiz- para ampliar la iluminación navideña en varias calles de la capital.
Recordar que el PP ya llevó previamente este asunto ante la Fiscalía al entender que se había producido por parte del Gobierno local una ocultación de información . Por otro lado, el edil popular insiste en que se podría haber cometido también una presunta «prevaricación» en el procedimiento ya que el convenio no pasó ni por el consejo de administración de Eléctrica de Cádiz ni por la Junta de Gobierno Local del Consistorio gaditano. Dicho proceso sigue abierto habiendo declarado ya el alcalde de la ciudad, José María González Santos, ante la demanda de los populares de falta de información.
Independientemente, José Blas Fernández, decidió acudir al contencioso para forzar por vía judicial la convocatoria de la comisión de investigación que se aprobó por parte de todos los grupos representados en el arco plenario. En concreto, se trataba del punto número 13 del orden del día en el que se pedía que se contituyera este órgano que tendría como función la fiscalización y el control del alumbrado de Navidad de la campaña 2016-2017 y del convenio firmado por el Consistorio municipal y Eléctrica de Cádiz para que se ampliara en distintas calles de la ciudad ante las quejas de los comerciantes.
José Blas Fernández insiste en que ese acuerdo «nunca ha sido ejecutado» a pesar de haber sido aprobado en pleno y requerido en múltiples ocasiones.
La demanda del edil popular está basada en el artículo 29 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Dicho artículo contempla que «cuando la administración no ejecute sus actos firmes, podrán los afectados solicitar su ejecución y si no se producen los solicitantes podrán formular un recurso contencioso administrativo», que es lo que ha hecho José Blas Fernández, al entender que « existe cierta reticencia por parte del equipo de Gobierno en crear esta comisión de investigación».
Por tanto, será la justicia la que determine qué hacer «ante la desidia e inacción del Gobierno local». A juicio del concejal del PP «nos encontramos ante una vía en la que se insta a su señoría una pretensión declarativa sino una condena ».
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