Educación
«La concertada nació para cumplir el mandato constitucional de igualdad y libertad en la enseñanza»
José María Alvira analiza en el colegio San Felipe Neri la nueva Ley de Educación y cómo afecta a los colegios concertados y a la educación especial
La nueva Ley de Educación (LOMLOE) que entró en vigor el pasado mes de enero, más conocida como la Ley Celaá, ha sido analizada este sábado en el colegio San Felipe Neri de la capital, donde se ha celebrado una ponencia a cargo de José María Alvira Duplá (exsecretario general de Escuelas Católicas) y una mesa redonda posterior moderada por el director de La Voz de Cádiz, Ignacio Moreno Bustamante .
En la misma estaban presentes el director del colegio San Felipe Neri, Ignacio Membrillera ; el inspector de educación, José María Vázquez y el director del centro de educación especial Constitución 1812 (Afanas), Rafael Roldán .
Alvira ha realizado un exhaustivo repaso por las ocho leyes de educación que se han aprobado a lo largo de los últimos cuarenta años destacando que en la Constitución de 1978, en su artículo 27 , «ya se definían claramente dos principios armonizables, como son la libertad y la igualdad en la educación».
Concretamente, este artículo dice textualmente en su primera frase que « Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza ». Para Alvira, la escuela concertada, tan cuestionada en la actualidad a raíz de la aprobación y entrada en vigor de esta nueva Ley de Educación o Ley Celaá, «nació precisamente para cumplir el mandato constitucional de igualdad de la enseñanza y de libertad». Esa libertad de padres y madres a poder elegir el centro educativo para sus hijos.
Para José María Alvira, en la actualidad el debate sobre la educación está « contaminado por la ideología , centrándose en muchas ocasiones la defensa de la escuela pública en un claro ataque a la enseñanza concertada».
Ha dejado claro que, ante todo, « quiero una escuela pública buena y es necesaria pero no tiene por qué ser la única ya que puede coexistir con la concertada y con la privada».
El exsecretario general de Escuelas Católicas ha declarado que la nueva Ley de Educación, que se gestó en la anterior legislatura aunque se debatió y aprobó en la presente y en plena pandemia, tenía un claro objetivo, y era acabar con la LOMCE (ley aprobada en tiempos del PP), « era un objetivo político de primer orden ».
Ha cuestionado que la Ley Celaá sea una ley de consenso ya que, ha recordado, « se aprobó por un solo voto de diferencia y contó con un total de 1.168 enmiendas ». A su juicio, «supone una vuelta a la LOE (aprobada en 2006 por el PSOE) aunque con más carga ideológica ya que se elabora por parte de un gobierno socialista y se tramita, debate y aprueba con un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, presentándose tanto enmiendas conjuntas como de manera individual por este último partido».
A modo de resumen ha recalcado que esta nueva ley « trata de reducir a la concertada, cuestiona la educación especial, discrimina la educación diferenciada,posterga la asignatura de religión y habla de un derecho a la educación pública inventado ». Añade que «incluye a un representante de los ayuntamientos en el Consejo Escolar que no tiene sentido y que parece la introducción de un comisario político en los centros de la concertada».
Durante la mesa redonda se ha hablado de los peligros de esta ley para el futuro de los colegios concertados ya que, según ha explicado el director de San Felipe Neri, Ignacio Membrillera, «hoy por hoy hay una gran demanda social en nuestro centro pero, si hay que rellenar los huecos que faltan en la pública, será nuestro final y nuestra muerte lenta. Nuestro futuro puede ser muy negro ».
Otro problema añadido apuntado por e linspector de educación José María Vázquez ha sido el gran descenso de la natalidad que se vive en la actualidad «que nos obligará a consensuar el reparto de alumnos porque nos estamos quedando sin niños»
En el caso de los centros de educación especial, el panorama viene a ser muy parecido. El director de Afanas asegura que «esta ley no cerrará nuestros centros pero nos apagará poco a poco , los vaciará y nos dejará abierta la puerta para que la cerremos nosotros sin dar opción de elegir a las familias». Estos centros piden contar con los mismos recursos que los centros ordinarios y que las familias pueden contar con una libertad de elección de centro.
