TRIBUNALES
Caso alumbrado: «A ver si nos metemos en un lío...»
Las grabaciones recogidas en el informe policial certificarían que se hicieron amaños y engordaron presupuestos para favorecer a empresas
El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, que lleva el caso por las presuntas irregularidades cometidas en el concurso de contratación del alumbrado público del año 2008 de la capital gaditana, citaba ayer al jefe del Grupo de Delincuencia Económica (DECO) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial que ha estado al frente de esta investigación. Según fuentes judiciales, el responsable policial ratificaba ante el magistrado Miguel Ángel López Marchena, que instruye el caso, lo aportado en un informe elaborado durante dos años y que señala al entonces director de tráfico y alumbrado público, Germán Molina, ahora jubilado.
Dicho informe, al que ha tenido acceso este periódico, aporta numerosa documentación de todas las empresas adjudicatarias, además de cinco grabaciones que hizo el gerente de una de esas sociedades (Imesapi), Juan López Gallardo. Curiosamente, él fue quien llevó a Fiscalía en 2009 la demanda por irregularidades en la contratación pública pero, a pesar de ello, es uno de los imputados en la causa. Pues bien, según la Policía, López Gallardo asistía diariamente a despachar con el exdirector de alumbrado para dar cuenta de incidencias y atender necesidades del departamento.
En la primera grabación ambos hablan sobre la próxima adjudicación de dos contratos nuevos. Según se recoge, Molina propone aumentar los presupuestos por encima de los 30.000 euros para que no se adjudicara de forma directa a la empresa más económica como había ocurrido en uno de esos casos. Así se aseguraban que siempre pasara por sus manos para, supuestamente, beneficiar a sus empresas ‘amigas’ y porque, además, «el más barato es que más quebraderos de cabeza da al final», aseguraba. En una de esas conversaciones hablan de poner más farolas de las que se han delimitado en el proyecto inicial y así engordar el presupuesto, una gestión que finalmente descartan:
- ¿Le metemos a esto hasta treinta?
- Más farolas, mira, mira el presupuesto a ver... (...)
- Aquí podíamos poner a lo mejor, una, dos... ponemos la plaza que... que...
- Podemos verle los ojos a las cucarachas...
- Con gafas de sol
- Bueno, este vamos a dejarlo.
En la segunda grabación hablan dos de los seis imputados en el caso. Según el informe, esta conversación, demostraría que las empresas que se presentan a uno de los concursos ya tienen previamente estudiadas y concertadas las ofertas económicas que van a llevar cada una y así lograr que resulte adjudicataria la sociedad convenida y al precio acordado.
Facturas falsas
En el caso de la tercera conversación, Molina, López y otro ingeniero hablan supuestamente sobre cómo falsear una factura para ayudar así a otra compañía que pasa por una mala situación económica. Y en la cuarta grabación buscan una fórmula para, presuntamente, perjudicar a Indra y que ésta perdiera el contrato de alumbrado público de la ciudad, convocado el 15 de octubre de 2008, en beneficio de sus opciones. Molina quiere demostrar que Indra les ocasionará problemas por el coste que le supone pagar a sus trabajadores.
- ¿Podrías certificarme que estos son los sueldos?
- Si, yo te doy, como si quieres sellado y totalmente autentificado, porque esto, esto es lo que hay.
(...)
- A ver si nos metemos en un lío...
En la última grabación, la más larga, Molina y López Gallardo siguen dándole vueltas a las ofertas presentadas. Según recoge el informe, se pone además en evidencia que conocían que la UTE Monelec-Electromur pertenece al mismo grupo empresarial que Etra. Hablan de cómo repartir los puntos en cada apartado pero concluyen que la diferencia entre unas y otras sería insuficiente para superar la oferta más económica.
Ningún político
Cabe recordar que la Policía Nacional informaba el pasado día 12 de que había finalizado una investigación por este caso con la imputación de seis personas por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y falsedad documental. La investigación exculpa al resto de trabajadores del área pero sí señala al exdirector de compras del Ayuntamiento por no denunciar. Tampoco se apunta de manera directa a ningún concejal del equipo de gobierno de entonces, aunque sí contempla que no se habían anulado contratos con empresas previamente sancionadas.
El caso lo destapó en 2009 el exgerente de Imesapi, López Gallardo. Cuando cesó en sus funciones llevó hasta la Fiscalía Provincial estas cinco grabaciones. El directivo está también imputado porque, aunque denunció los hechos, lo hizo ya bastante tiempo después de saber lo que ocurría. El magistrado encargó en julio de 2011 la investigación a la Policía Nacional, cuyos primeros informes ya detectaron posibles ilegalidades. En 2014 se hizo cargo de las pesquisas el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (DECO) de la Comisaría Provincial de Cádiz, quien continúa con las pesquisas.
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