CAPITAL
Los desalojos no cesan en Cádiz
Una familia de La Viña, obligada a dejar su casa por no pagar el alquiler
¿Siguen los desahucios en Cádiz? Siguen. Nuria Navarrete fue desalojada ayer lunes a las diez de la mañana pese a que el Ayuntamiento gaditano se obstine en repetir que ésta es una ciudad libre desahucios.
Nuria y su pareja Antonio Delgado llevaban 31 años viviendo en la misma casa de la calle San Rafael número 14 , muy cerquita del Falla, pero esta noche dejan atrás las sonidos de los tangos de Julio Pardo y los pasodobles de Vera Luque para enfrentarse a un nuevo futuro. Su copla es menos festiva: «Me siento engañada. Esto me ha pasado por tonta, por fiarme de la propietaria de la finca », reflexiona con indignación Nuria que continúa narrando como su familia ha tenido que recurrir a una amiga que les ha dado alojamiento para poder pasar la primera noche.
El viernes el Ayuntamiento le entregó las llaves de una nueva vivienda en el barrio de La Viña pero al no contar con luz ni agua, la casa no tiene las condiciones mínimas de habitabilidad . «Ayer estuve realizando los trámites y si todo marcha bien el miércoles tendremos todo preparado. Hoy nos dan la luz y mañana el agua », explica. La situación que viven no es agradable pero continúan adelante. No les queda otra. Hace un par de años un cobrador les informó que las propietaria del inmueble les iba a subir los 300 euros que pagaban de alquiler. Como no podían hacer frente a la nueva mensualidad trataron de llegar a una solución como pagar fraccionado. La casera no quiso pero finalmente acordaron realizar en contrapartida al pago del arrendamiento trabajos de limpieza para la dueña que tiene otras quince viviendas en la misma finca de la calle San Rafael. «Pintamos, montamos muebles de Ikea y enseñamos otras viviendas vacías que tenía y que quería alquilar porque nos aseguraron que nos echaría. Ahora que está todo limpio, llega esto. Me he quedado sin cobrar por el trabajo y sin casa . Esto me pasa por confiada».
Lo cierto, es que el desahucio se ha producido y Nuria y Antonio han tenido recoger sus pertenencias y vivir el mal trago de ver como sus hijos –uno de ellos menor– se han tenido que despedir del que ha sido su hogar durante toda su vida. Se han pasado tres día recogiendo muebles y empaquetando porque sabían que lo que se quedara en la casa una vez se cambiara el cerrojo lo perdían. Ya han hecho toda la mudanza pero quien los visita en la vivienda percibe el vacío, el frío, la ausencia de hogar. Sin embargo, son una pareja fuerte y miran con orgullo el futuro. Provisionalmente el Ayuntamiento pagará el 90 por ciento del importe del nuevo alquiler. Han sido desahuciados y han perdido su casa pero conservan intactas las ganas de salir adelante .
El peso de la Ley
El protocolo antidesahucios no incide en absoluto en el procedimiento porque estamos sometidos a la Ley (como recordaba el juez decano de Cádiz Pablo Sánchez ) y ni el Ayuntamiento ni ningún otro organismo puede inmiscuirse.
El protocolo, tan mentado por el alcalde José María González y el equipo de gobierno, es un convenio que articula los mecanismos de coordinación entre el Consistorio y el poder judicial para que los implicados tengan una serie de garantías que eviten que las familias se queden en la calle. Cuando se produce el desalojo legal, Servicios Sociales ayuda a las familias a encontrar una alternativa habitacional, hace un seguimiento pormenorizado de cada uno de los casos y da acompañamiento social y psicológico las personas que lo necesitan. Sin embargo, no impide que tengan que salir de las viviendas . Antes de su firma, lo habitual era que el Ayuntamiento tuviera constancia de la fecha de lanzamiento que establece el juzgado con un margen muy escaso de maniobra. Ahora, dispone de más tiempo para buscar alternativas pero en ningún caso puede paralizar un desahucio.
Ya ocurrió el pasado mes de junio cuando el recién estrenado gobierno municipal trató de evitar el desalojo de un matrimonio y su hija de 16 años que vivían en un bajo de la calle Benjumeda número 35 y que pagaba un alquiler de renta antigua. Entonces una comisión judicial ejecutó el desalojo a pesar de la movilización que trataba de impedirlo. En aquella ocasión, el alcalde se acercó hasta la vivienda y las imágenes de José María González encarado con la Policía Nacional trascendieron a los medios nacionales y aunque la causa fue finalmente archivada por la jueza, dos concejales –David Navarro y Adrián Martínez de Pinillos–, se enfrentaron a un juicio de faltas por desobediencia leve.
En menos de un mes, la escena puede volver a repetirse con otra vecina que vive de alquiler y que no alcanza a pagarlo en la calle San Rafael. Veremos que anuncia el Ayuntamiento, si desahucio o realojo.
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