URBANISMO
La batalla institucional paraliza los proyectos de futuro de la ciudad
Las tensas relaciones entre el Ayuntamiento y la Junta en la época del PP se repiten ahora con el equipo de Gobierno de Podemos y Ganar Cádiz
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Las disputas y los dimes y diretes entre las administraciones gobernadas por partidos de diferente color es algo habitual en el panorama político de todo el país. En Cádiz no podía ser menos y si con el anterior equipo de Gobierno del Partido Popular los enfrentamientos con la Junta de Andalucía eran continuos, ahora con el nuevo gobierno del cambio la situación tampoco ha variado mucho. Y eso que el Partido Socialista aupó a José María González Santos, Kichi, y su equipo, a la Alcaldía gaditana.
En la última semana se han sucedido las críticas entre el Ayuntamiento gaditano y la Junta de Andalucía por asuntos de diversa índole. La petición de la Autoridad Portuaria del pago de más de 40.000 euros por la ocupación de terreno portuario durante la próxima Regata, los rifirrafes conforme a la incorporación del muelle a la ciudad o la estación de autobuses son algunos ejemplos de esa batalla institucional que impide que los proyectos salgan adelante.
Estación de autobuses
En relación a la terminal de autobuses, cuyas obras están finalizadas desde el pasado mes de diciembre, la Junta de Andalucía ha culpado al Ayuntamiento de no haber cumplido con su compromiso de ejecutar las conexiones con la red de saneamiento y abastecimiento urbano (electricidad, agua y pluviales). Desde el PSOE de Cádiz se ha instado al Gobierno local a que se ponga a trabajar ya que «no puede ser que cada gestión que tengan que llevar a cabo se convierta siempre en una muestra de su incapacidad». Añadieron que «hasta ahora, sólo los hemos visto paralizar proyectos o no ser capaces de sacar adelante los que ya están terminados. Mientras tanto, ni una solo idea o alternativa para mejorar nuestra ciudad».
Cádiz estará otro verano más con la residencia Tiempo Libre cerrada y abandonada
El equipo de Gobierno no tardó en responder poniendo en el tejado del Gobierno andaluz la responsabilidad de la apertura de este equipamiento tan necesario para la ciudad asegurando que «en ningún momento estos detalles afectan a la apertura de la terminal pues hasta que la Junta de Andalucía no aclare cómo se gestionará no podrá abrir».
Otro verano sin Tiempo Libre
Entre los inmuebles en estado de abandono en la ciudad está también la residencia del Tiempo Libre, que ya lleva cerca de diez años cerrada a cal y canto en pleno paseo marítimo de la capital. Para su conversión en un nuevo hotel es necesario la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aunque son precisos una serie de informes como el de Medio Ambiente. A pesar de que la Junta de Andalucía informó al Ayuntamiento hace ya un año de la necesidad de este informe para el cambio de uso del inmueble, hasta el pasado mes de marzo el Consistorio gaditano no ha solicitado formalmente este documento, que según fuentes municipales, «es necesario para que se pueda modificar el PGOU».
A pesar del convenio sobre patrimonio firmado en 2014, la situación no ha cambiado un ápice
Lo cierto es que pasan los años y la residencia Tiempo Libre continúa cerrada, y ya son nueve años puesto que desde noviembre de 2007 estas instalaciones, declaradas en ruina técnica, están clausuradas.
Castillo de Santa Catalina
Asimismo, hace dos meses escasos se desprendió una piedra de la puerta de acceso del Castillo de Santa Catalina, uno de los inmuebles de Defensa recuperados para la ciudad por el Ayuntamiento de Cádiz en la época de Teófila Martínez. Aunque su titularidad es municipal se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) y cualquier intervención de calado o estructural que se realice en dicho castillo tiene que contar con la aprobación de la comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía.
El Ayuntamiento decidió cerrar durante unos días el castillo ante dicho desprendimiento y colocó una estructura de apuntalamiento por motivos de seguridad y ante el riesgo de nuevas caídas en la entrada del edificio. Esta medida, según la Junta de Andalucía, era innecesaria ya que tan sólo cayó una piedra de pequeño tamaño que además no era original, sino producto de los trabajos de una escuela taller desarrollada en la fortaleza. En palabras de técnicos de la delegación de Cultura «con colocarla de nuevo hubiera sido suficiente». En el caso de que se hubieran desprendido más piezas y fuera necesario un resanado de la fachada, con la presentación de un simple proyecto por parte del Ayuntamiento para el conocimiento y la autorización de la Junta también hubiera sido suficiente, algo que no se ha producido hasta el momento.
Aunque el argumento del Ayuntamiento era que al tratarse de un BIC no podían actuar en este inmueble, lo cierto es que según reza en el artículo 14 de la Ley de Patrimonio Histórico, «los titulares de los BIC tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos». Y en estos momentos, el mantenimiento del castillo de Santa Catalina es nulo a pesar de estar a las puertas de plena temporada de verano, en la que se celebran actuaciones y eventos culturales en su interior.
Convenio sobre Patrimonio
Recordar que a finales del año 2014 se firmó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento gobernado por el PP y la Junta de Andalucía. Un acuerdo histórico dadas las tensas relaciones que siempre hubo entre ambas administraciones. Se respiraba otro clima exento de crispación y de enfrentamientos, pero hasta el momento de poco ha servido ya que la situación desde entonces ha cambiado poco o nada. El objetivo de este convenio, firmado a escasos meses de la Elecciones municipales de 2015 cuando se produjo el cambio de gobierno en la ciudad, era poner en uso una serie de equipamientos que se encontraban sin uso desde hace años en la capital gaditana.
Entre ellos, la residencia Tiempo Libre, la Escuela Náutica, los solares de San Luis y Loreto (este último para viviendas), o la plaza de la Reina, donde se proyectaba el Museo del Carnaval. Para dar cumplimiento a este convenio, es necesario la aprobación en Pleno de distintas modificaciones del PGOU, algo que tampoco se ha producido. Otros proyectos pendientes son el Hospital, la Ciudad de la Justicia o el albergue juvenil, además de la segunda fase de las viviendas de Matadero. En definitiva, una ciudad paralizada por una batalla entre instituciones.