Playas de Cádiz
El Ayuntamiento de Cádiz sanciona a los chiringuitos por incumplir las normas y declara la guerra a la Junta
El Consistorio acusa a la administración autonómica de actuar «fuera de toda legalidad» con la resolución del cambio de titularidad
El Ayuntamiento de Cádiz no está dispuesto a ceder ante la Junta de Andalucía en su intento de transmitir la titularidad de los chiringuitos a sus actuales concesionarios, concediéndoles privilegios que no están incluidos en el actual pliego de condiciones de las instalaciones y que incluso chocan frontalmente con el actual PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de Cádiz.
De hecho, el Consistorio gaditano no reconoce a día de hoy la resolución de la administración autonómica en la que concede dicha titularidad a los empresarios y tampoco acepta el expediente de modificación sustancial del título concesional que está tramitando la Delegación Provincial de Medio Ambiente, mediante el cual los chiringuitos podrían permanecer abiertos durante todo el año sin necesidad de desmontar, aumentar la superficie de la instalación, así como ampliar la concesión de forma automática a 30 años de duración.
Una prueba de la disconformidad del Consistorio con este asunto es la vigilancia que los técnicos municipales han comenzado a llevar a cabo ante los constantes incumplimientos de estos empresarios, que llevan años acogiéndose a los permisos en precario concedidos por la administración autonómica para no cumplir con el actual pliego. Tras las labores de inspección de los locales, el Consistorio ha decidido tramitar varios expedientes sancionadores por nuevos incumplimientos que se están produciendo por parte de determinados establecimientos, de los que además se va a dar cuenta no solo ante la Junta de Andalucía sino también ante la Demarcación de Costas.
Estas sanciones podrían llegar hasta los diez mil euros y se centran, fundamentalmente, en la apertura de los chiringuitos en períodos no autorizados o en la instalación de unas terrazas que ocupan más de lo establecido en la normativa local. Sin embargo, de momento estos avisos del Consistorio no han provocado una respuesta de los empresarios, que siguen agarrándose a los argumentos que esgrime la Junta para seguir adelante con esta modificación sustancial del actual pliego.
Un informe de la secretaria municipal
Por su parte, la secretaria del Consistorio gaditano ha vuelto a remitir un escrito a Medio Ambiente en el que se le vuelve a solicitar que acepte las alegaciones presentadas por el municipio el pasado mes de febrero y que fueron rechazadas, con el objetivo de que las estime y archive de forma inmediata el expediente de modificación sustancial que está en curso. Además, ha vuelto ha reivindicar que ellos son los titulares de la concesión y, por lo tanto, son los únicos que están legitimados para llevar a cabo una modificación de las condiciones actuales.
En este informe, la secretaria municipal llega a poner en duda algunos de los procedimientos que está utilizando la administración autonómica para seguir adelante con la tramitación. En este sentido, apunta: «Entendemos que los efectos que se pretenden conseguir con la resolución de autorización previa a la transmisión de 29 de enero de 2018, sin haberse culminado el procedimiento tal y como recoge el Informe de Calidad Hídrica mencionado, son absolutamente injustos y están fuera de toda legalidad por cuanto implica la privación de los derechos del Ayuntamiento...».
El informe pone especial énfasis en los perjuicios económicos que conllevaría este cambio de titularidad. «Lo llamativo es que aun alegando y demostrando este Ayuntamiento que dicho acto no se ha producido, se siga adelante con el procedimiento, despojando al Ayuntamiento de sus derechos de ocupación y explotación legítimamente obtenidos, y ocasionando unos perjuicios económicos de muy difícil reparación ya que, de dictarse la resolución de modificación sustancial, se privaría al Ayuntamiento de la percepción de los cánones que recibe en concepto de explotación....y hemos de recordar que el artículo 115 de la Ley 22/1988 de Costas otorga una preferencia para la atribución de estos derechos económicos de explotación al Ayuntamiento, habida cuenta que sobre los Ayuntamientos recae la carga de mantenimiento de las playas», apunta la secretaria municipal.
El incumplimiento del PGOU también ha vuelto a convertirse en uno de los argumentos del Ayuntamiento para revocar la decisión de la Junta de Andalucía e incluso ha aportado un informe a la administración autonómica elaborado por los técnicos de la Delegación Municipal de Urbanismo en el que se argumenta el posible incumplimiento de las normas urbanísticas si se aprueba la modificación sustancial que pretende Medio Ambiente.
Además de acreditarse que corresponde al Ayuntamiento la interpretación del PGOU, se pone de relieve que en la interpretación del PGOU «prevalecerán los criterios más favorables a la conservación del patrimonio protegido, a la mejor salvaguarda del medio natural del paisaje y de la imagen urbana, a la obtención de mayores espacios libres, al mejor equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y equipamientos y a la defensa del interés más general de la colectividad», apuntan los técnicos, que también recogen el artículo 3.5.2 que hace referencia a las condiciones particulares de las playas. En él se establece que « no se podrá ocupar una superficie superior a 150 metros cuadrados , ni tener una altura mayor de una planta o de 3,50 metros hasta el alero».
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