Limitación viviendas turísticas
AVVA alerta sobre el alto coste para las arcas municipales de la moratoria de las licencias turísticas
Luis Laínez, representante de la asociación de viviendas turísticas en Cádiz, cree que esta medida afectará no solo al turismo de la capital sino a otros sectores como el de la construcción y al empleo en general
Aseguran que los inversores afectados reclamarán, además de sus indemnizaciones tras abonar las tasas y realizar los proyectos, el lucro cesante
La convocatoria de un pleno extraordinario el próximo martes 21 de julio para iniciar el proceso de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) , con el objetivo de regular el uso turístico en suelo residencial en la ciudad ha sentado como un auténtico jarro de agua fría en el sector , que considera que «no es el momento de echar el freno a una actividad que genera riqueza en la ciudad, como es el turismo».
Así lo confirma el representante de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) en Cádiz, Luis Láinez, que lamenta que no se haya tenido en ningún momento en cuenta al sector por parte del equipo de Gobierno del Consistorio gaditano. «No conocemos ni el documento que se pretende aprobar y lo único que sabemos es por lo que hemos visto en los medios de comunicación».
Laínez señala que el coste de esta moratoria de las licencias turísticas para las arcas municipales «va a ser mucho mayor del que estima el equipo de Gobierno ya que a las indemnizaciones a las que tienen derecho los afectados por haber pagado las tasas correspondientes y los gastos de sus respectivos proyectos, se puede unir la reclamación del denominado lucro cesante , algo que parece que no ha tenido en cuenta el Ayuntamiento».
El representante de AVVA en la capital incide en que el Ayuntamiento ha calculado que el coste sería de aproximadamente 300.000 euros «cifra que pensamos que se les queda corta si los inversores reclaman el lucro cesante, es decir, lo que dejarán de ganar por la suspensión de estas licencias».
Laínez insiste en que esta medida, al no haber sido consultada con el sector ni comparada con lo que ha pasado en otros municipios del país, «va a resultar una pérdida de tiempo, de recursos y de dinero si después un tribunal tumba la decisión».
Añade que « no es momento para anular ni cambiar porque nos movemos en un escenario que ya no tiene absolutamente nada que ver con el pasado año» asegurando que «la crisis del coronavirus, que está afectando sin duda al sector turístico, ha cambiado el paronama drásticamente».
«No se puede poner freno al turismo»
En opinión de esta asociación, «ponerle freno ahora a una actividad como es el turismo es hacerlo también en otros sectores como el de la construcción, la rehabilitación o la decoración, entre otros». En definitiva, «afecta al empleo en general» .
AVVA ya ha presentado alegaciones basadas, en primer lugar, en que el Ayuntamiento no cuenta con las competencias para poder aprobar estas medidas «ya que son autonómicas». Por otro lado, los representantes de esta asociación señalan que «atenta contra la libre competencia de mercado» negando a su vez que la capital esté saturada de viviendas turísticas.
Luis Laínez hace referencia también a la competencia del Ayuntamiento de promover el acceso a la vivienda de los gaditanos asegurando que desde que se aprobó el Plan de Vivienda el pasado « poco se ha hecho respecto a la vivienda pública ».
Desde AVVA se defiende que «la mayoría de las viviendas turísticas de la ciudad no van a pasar a ser residenciales». Así, Laínez está convencido de que en Cádiz no se produciría esta migración de las viviendas turísticas a residenciales ya que éstas «pasarán a ser a partir de septiembre en estacionales o de temporada para acoger a estudiantes o a personas que están en la ciudad durante el curso escolar».
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