TRIBUNALES
La Audiencia Provincial entiende que el archivo del ‘caso Loreto’ fue «prematuro»
Un auto emitido por el Tribunal reabre la causa por las supuestas «injurias y calumnias» del alcalde y pide que se practiquen las diligencias necesarias «para esclarecer los hechos»
El alcalde celebró una asamblea para presentar un informe sobre los cortes de agua en Loreto en 2014.
La Audiencia Provincial ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el PP tras el archivo provisional por parte de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz de la causa contra el alcalde de la ciudad, José María González Santos, el ex concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe de Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia Magaz, por sus declaraciones sobre los cortes de agua de Loreto en el año 2014 .
Se reabre por tanto este caso por parte de la Audiencia Provincial por las supuestas «injurias y calumnias» contra el anterior equipo de Gobierno del PP, dejando sin efecto la decisión de la magistrada del Juzgado de Instrucción número tres de archivar este caso.
Este Tribunal ha dictado un auto en el que indica que «el archivo ab initio (de inicio) es más que prematuro , siendo procedente el dictado de una resolución estimatoria del recurso de apelación a fin de que se reabra la causa penal y se practiquen las diligencias oportunas para el esclarecimiento de los hechos denunciados».
El auto hace referencia a que el objeto de la querella de los populares se centra en «la afirmación categórica de haber dado agua contaminada al barrio de Loreto a sabiendas , esto es, con conocimiento de que no era agua apta para el consumo humano y con voluntad de no evitar tal situación».
Además, asegura -con respecto a las declaraciones de los querellados- que «el ejercicio de la libertad de expresión y opinión no ampara ni justifica sin más el empleo de frases en las que atribuye la comisión de delitos dolosos que claramente atentan contra la honorabilidad de aquellos cuyo comportamiento no es que se critique, es que se tacha de delictivo y no como hemos visto de forma genérica y vaga». Asímismo, en relación a la decisión de archivar la causa por parte de la magistrada, este Tribunal entiende que « no cabe descartar la posible existencia de un delito de calumnias e injurias como realiza la Jueza ad quo».
El papel de la prensa fue también referido en el auto donde se archivaba provisionalmente esta causa, hecho que llevó incluso a la Asociación de la prensa de Cádiz a emitir un comunicado mostrando su malestar defendiendo la labor de los periodistas en el libre ejercicio de su profesión.
En concreto, la juez instructora argumentó que «no se puede determinar el mayor o menor rigor periodístico de las publicaciones, en los que aparece una declaración entrecomillada sacada de contexto realizando una interpretación subjetiva el periodista». Ahora, el auto de la Audiencia recuerda que los tres querellados, en el acto de conciliación , señalaron que «lo que se dijo quedó fielmente reflejado en todos los medios de comunicación que informaron sobre dicha asamblea», así como que reiteraron, mediante el escrito presentado, que «durante 14 días, a la luz del informe, a sabiendas se suministró agua contaminada no apta para su consumo a los vecinos de la barriada de Loreto».
Así, la Audiencia indica que «si se transcribió o no exactamente la frase que es objeto de denuncia, si se sacó o no de contexto o si responde a la interpretación subjetiva de los periodistas, es algo que no puede conocerse hasta que no se practiquen las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos», por lo que lo esgrimido por la juez «no pueden justificar un archivo como el que se ha realizado».
La asamblea de la polémica
Recordar que el Partido Popular presentó la denuncia a raíz de una asamblea vecinal celebrada el pasado año para presentar a los vecinos de este barrio un informe realizado para esclarecer los cortes de agua en Loreto en 2014.
En esta asamblea vecinal, el alcalde afirmó que el anterior equipo de gobierno del PP «había suministrado a sabiendas agua contaminada a los vecinos durante 14 días», según la denuncia realizada por el PP.
Asímismo, el jefe de gabinete de Alcaldía, según especifica la querella del PP, «cogió el micrófono y señaló directa y públicamente a la ex alcaldesa Teófila Martínez y a Ignacio Romaní como responsables de haber suministrado el agua contaminada».
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