ASUNTOS SOCIALES
Atrapada en La Corrala de Cádiz
Una familia de las que okupó la Corrala de la Bahía en 2015 denuncia su situación y pide a las administraciones que no miren hacia otro lado
«Vivo atrapada en La Corrala, es como estar secuestrada. Siempre tengo la llave echada por dentro e intento no bajar más de una vez al día a la calle porque nunca sabes qué te puedes encontrar en las escaleras». Con ese temor en el cuerpo vive Carmen en el número 56 de la avenida de Portugal, es decir, en la Corrala de la Bahía. En Cádiz. Carmen es su nombre ficticio (prefiere preservar su identidad por motivos de seguridad) pero ella es de carne y hueso y su situación, real.
Vive indignada dentro por los habitantes de La Corrala y fuera por el «abandono de las instituciones». Ella reside allí con su familia desde el principio. Forma parte del grueso de vecinos que al comienzo del año 2015 se instalaron de forma ilegal en ese bloque de pisos vacíos propiedad del Banco Santander tras la quiebra de la promotora. De esos ‘inquilinos antiguos’ solo quedan Carmen (que vive con su marido e hijos) y tres personas más. El resto, aproximadamente un centenar, han ido llegando desde 2017. Y con ellos la droga, las broncas y el deterioro brusco de la convivencia. «No hay día que no tenga miedo, sobre todo por mi hija. Muchas veces no voy a casa de mi madre por no bajar las escaleras y encontrarme a alguien. Intento pasar el menor tiempo posible allí. Hay peleas continuas, droga, malas condiciones higiénicas y un olor insoportable. Siempre llevo en el bolso un pañuelo para taparme la nariz cuando subo».
Todos esos elementos alimentan su indignación por la vida que transcurre de puertas para adentro de ese edificio. De puerta para fuera su indignación no disminuye pero la proyecta hacia las instituciones públicas. Su caso llama la atención. Es «grave». Y preocupante. Carmen es okupa pero está empadronada desde el 22 de septiembre de 2015 en el piso en el que se metió por necesidad hace ya tres años y medio.
Ocupa el puesto 2.263 en el registro de demandantes de vivienda -del que dice que hace varios meses que no se actualiza- pero desde principios de los años 90 no recibe una ayuda del Ayuntamiento de Cádiz. Desde 2015 que regresó a Cádiz en 2015 (se tuvo que ir en los 90 para buscar trabajo fuera) ha enviado varios escritos a la delegación de Asuntos Sociales, a Procasa, al alcalde, a la Junta de Andalucía y al Defensor del Pueblo Andaluz denunciando la situación de La Corrala y la suya propia pero hasta ahora no han surtido efecto.
También ha pedido cita «para que me pueda orientar y ayudar ya que llevo más de un año sin luz y agua y es que ya mentalmente nos está afectando a mi familia y a mí», reza un escrito de 2016 de los varios remitidos a Procasa pidiendo una cita con la concejala, Eva Tubío. En el mismo sentido, pero mucho más extenso y con detalle, se expresa en una solicitud cursada el 13 de diciembre de 2017 al delegado de Vivienda de la Junta de Andalucía en Cádiz al que también le pidió una cita. Son dos ejemplos de otros muchos hasta llenar una carpeta.
Hasta la fecha solamente la ha ayudado la asociación de vecinos Astilleros proporcionándole alimentos y orientación con las gestiones ante las administraciones y otras entidades. Tiene una carpeta rebosante de papeles donde guarda cada escrito, cada carta y cada documento cursado ante cada una de las instituciones a las que ha llamado a la puerta sin éxito. «Es preocupante porque este problema se ha convertido en grave de 2015 a ahora. Se me retuercen las tripas. Empezamos a ir a los servicios sociales municipales, a la Junta de Andalucía y nadie se hace eco de que aquí hay un problema muy grave », expresa un responsable de la entidad vecinal que conoce muy bien el caso. Según explican Carmen y la asociación vecinal -con documentos oficiales en mano- las administraciones «se desentienden» porque valoran la situación de Carmen de hace 25 años, cuando aún vivía en Cádiz y recibía ayuda para el alquiler.
Después de eso se marchó con su familia a buscar trabajo fuera, se compraron un piso y con la crisis económica perdieron el trabajo y luego el piso, que se lo quedó el banco. En 2015 volvieron a Cádiz «porque en la Corrala de Sevilla me dijeron que tenían la llave de un piso para mí en Cádiz» y desde entonces ha encontrado trabajos muy precarios de manera intermitente que le da para sobrevivir a lo justo «pero no para pagar un alquiler de 500 euros».
Esa es precisamente su reivindicación: «No quiero nada gratis, lo único que busco es un alquiler social barato que pueda pagar sin temor los meses que no trabaje, o trabaje pocas horas, o si el Ayuntamiento por lo que sea deja de pagar, que ya me pasó una vez y estoy escarmentada».
Ese objetivo lleva implícito uno mayor: salir de La Corrala y dejar de vivir en un entorno «peligroso» para ella y sus hijos. «Sobre todo para mi hija».
Mientras tanto, en el barrio de Astilleros, afirman tajantes, «hay al menos dos viviendas sociales vacías».