Derechos Humanos
APDH carga contra el Ayuntamiento y la Junta por no atender a desahuciados
El colectivo Pro Derechos Humanos denuncia que el plan municipal de alquileres no funciona
La intervención de la Policía Nacional para ejecutar un desahucio en Cádiz
La asociación Pro Derechos Humanos en Cádiz ha denunciado lo que considera nula gestión de Ayuntamiento y Junta a la hora de atender a las personas y familias que se quedan sin techo por desahucio, imposibilidad de pagar u otras circunstancias. Según asegura el colectivo en una dura nota pública, «en las últimas semanas, la desesperación de muchas familias hartas de golpear todas las puertas está llegando a límites insostenibles sin que se vea ningún horizonte».
Afirma la asociación en su escrito de denuncia que «muchas de ellas han acudido a la nuestra y a otras entidades de la localidad, que nos vemos impotentes ante este drama humano que ya nos supera. Gente que se ve en la calle, gente amenazada por sus caseros, personas que amenazan con suicidarse, apaños como el de San Rafael , convivencias imposibles y peligrosas… Una situación dramática sin paliativos para centenares de familias gaditanas sin que se vea ningún horizonte».
Pro Derechos Humanos lamenta que «el Programa del Alquiler Justo del Ayuntamiento no termina de arrancar tras seis meses, pese a que teóricamente tenía un buen diseño que apoyamos los colectivos sociales, pero que finalmente no parece adecuarse a la realidad del mercado inmobiliario gaditano».
Respecto a los programas de apoyo de la Junta, la misma carta pública denuncia que «aún no ha abonado las ayudas al alquiler ¡de 2016!; y no se sabe nada de las de 2017. Ayudas que, por otra parte, no sirven para atender a los que no pueden acceder a una vivienda porque no les alquilan la vivienda por falta garantías de pago. La Junta vuelve a incumplir sus propias ordenes de ayudas pese al fracaso de las de 2015 y la queja de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz ».
De vuelta a la administración municipal, acusa a los servicios sociales de «enviar a gente sin recursos al mercado de vivienda a buscar una casa en alquiler, cuando sin nómina ni avalistas no se consigue. Propietarios que además no terminan de fiarse del pago del Ayuntamiento . Ayudas que, por cierto, no cubren la totalidad y tienen fecha de caducidad, eternizando las situaciones». «¿Tendrá que ocurrir una desgracia para que se reaccione?», concluye la carta.
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