La Justicia no era «un cachondeo»

La Justicia no da tregua a Jerez. La socialista Pilar Sánchez podría ser la segunda persona que ha regido los destinos de esta ciudad que duerma próximamente entre rejas. El Tribunal Supremo ratificaba este lunes la pena de cuatro años y medio de prisión que ya le impuso la Audiencia Provincial de Cádiz, por beneficiar de manera arbitraria a una empresa con una subvención para que se asentara en el Parque Tecnológico Agroindustrial y modificar un informe oficial para que cumpliera los requisitos exigidos.

Así, si el recurso de amparo que su abogado va a presentar no lo impide, Sánchez no será la primera responsable política de la ciudad del vino en la cárcel. El que inauguró la marca fue Pedro Pacheco , más de dos décadas de Gobierno en solitario (1979-2003), y un año en Puerto III (2014-2015) por colocar de manera irregular a dos asesores que, según la sentencia, cobraron en dos años más de 200.000 euros sin hacer trabajo alguno.

Así, la Justicia, la que era «un cachondeo», como dijo el popular líder del PSA, parece que le está pasando factura a un municipio que mantiene, a duras penas, uno de las plantillas municipales más grandes de Andalucía, un Consistorio que tuvo que ser rescatado y donde se presentó un ERE al ser «inasumible» para su caja local. Entonces, los sindicatos denunciaron que el dinero para pagar a la plantilla municipal se había desviado a otros asuntos.

Pero es que además del ‘caso asesores’, y el ‘caso PTA’, en la agenda de los líos jerezanos quedan más asuntos: entre ellos, el de la Casa del Rocío o el de la Estación, cuyos juicios sentarán en el banquillo otra vez a Pacheco este 2016. E incluso puedan darse morbosas coincidencias como la de ver a los dos exalcaldes condenados, 'enemigos íntimos' durante años, compartiendo sala.

Además, queda pendiente también el desenlace del asunto que señala judicialmente a la actual regidora de Jerez, María José García-Pelayo , quien declarará próximamente como aforada (ha sido elegida en las últimas elecciones como número dos del PP de Cádiz) ante el Supremo por un presunto delito continuado de prevaricación y otro de falsedad en documento público en relación con determinados contratos administrativos realizados para Fitur 2004. En este caso, se investigan los acuerdos cerrados por el Consistorio jerezano a empresas de la trama Gürtel, como Special Events y Down Twon Consulting por un importe de 355.000 euros.