Dos interventoras del equipo de García-Pelayo acuden a declarar
Ambas han sido citadas hoy como parte del proceso que investiga los contratos otorgados a las empresas de Correa para que se encargaran del estand de Jerez en Fitur
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como imputadas para hoy a la que fuera interventora general del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera durante la alcaldía de María José García-Pelayo (PP) y a la interventora delegada en el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC), organismo del que la ‘popular’ era presidenta y que también participó en las adjudicaciones a la trama Gürtel para la participación del consistorio en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) del año 2004 .
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha llamado a declarar para las 11.00 horas a la exinterventora general del Consistorio María del Milagro Pérez, mientras que escuchará una hora después a la entonces interventora delegada en el IPDC Milagros Abascal.
De la Mata ha acordado estas diligencias a petición de la Fiscalía tras haber interrogado el pasado martes al antiguo secretario general del Ayuntamiento Manuel Báez, quien detalló su participación en los procesos de contratación pública investigados y aportó «elementos relevantes» sobre la relación de las interventoras en los mismos.
El juez investiga, en esta pieza separada de la ‘trama Gürtel’, la adjudicación del estand del Ayuntamiento de Jerez en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en 2004, la celebración de un espectáculo ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y una muestra de flamenco que tuvo lugar en los jardines de Cecilio Rodríguez. Los adjudicatarios fueron tres empresas vinculadas a Correa: Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio.
«La declaración practicada de Báez ha precisado la relación que cada una de estas personas –Pérez y Abascal– tuvieron con los referidos procesos de contratación pública y cuál fue su participación», explica el magistrado, para añadir su interrogatorio resulta «imprescindible, necesario y pertinente» a la vista de la documentación que obra en la causa.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 concluye así que las interventoras «pudieron tener participación en los hechos en su condición de interventoras, en los distintos trámites y actos correspondientes a los procedimientos administrativos de los distintos expedientes de contratación investigados en esta pieza separada».
El magistrado investiga por un presunto delito continuado de prevaricación, tras haberse declarado competente el Supremo en la causa contra la aforada, la senadora del PP García Pelayo, a los presuntos cerebros de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo; el director del IPDC, José Agüera; la funcionaria municipal Lourdes Montenegro y los empleados de la ‘trama Gürtel’ Isabel Jordán y Javier Nombela.
En el auto en el que envió la exposición razonada sobre la senadora del PP al Supremo, De la Mata explicaba que la adjudicación del estand de Fitur y su promoción con publicidad y propaganda, con sendos presupuestos de 162.806,37 y 141.367,56 euros, debería haberse realizado mediante un procedimiento de adjudicación abierto y no uno negociado sin publicidad, al igual que espectáculo ecuestre de la Plaza Mayor, que costó 39.366,92 euros. En relación con el espectáculo flamenco, por 11.855,08 euros, existen indicios de «facturación posterior» ya que no se conocía el organismo público que iba a proceder a abonar este contrato.
La implicación de la exalcaldesa
En todos los casos, el juez señalaba que García-Pelayo, como alcaldesa y presidenta del IPDC, conoció las irregularidades cometidas, aprobó los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas, dispuso la apertura del procedimiento negociado sin publicidad, adjudicó los contratos sin que se cumplieran los requisitos legales, aprobó el pago de las facturas y ordenó que se abonaran.
«Toda la actuación desarrollada por la persona aforada con la participación directa del resto de imputados fue además injusta», indicaba el juez en su resolución, en la que añadía que su actuación tuvo como objetivo «evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas» y que los servicios pudieran adjudicarse en virtud de los «intereses municipales y, por tanto, generales».
El magistrado, que dedujo que García-Pelayo no pudo actuar por «confusión, error o interpretación normativa alternativa», remarcaba que la suya fue una actuación de «ilegalidad manifiesta».
