JEREZ
Fiscalía pide la inhabilitación especial para dos médicos por la omisión del deber de asistencia sanitaria
El juicio comienza en Jerez, en la sede de la Audiencia provincial, el próximo 10 de diciembre
Edificio que alberga la sede de la Audiencia provincial de Cádiz en Jerez
El próximo 10 de diciembre tendrá lugar en la Audiencia provincia l, en su sede de Jerez, un juicio, donde la Fiscalía pide la inhabilitación especial de dos médicos por un año y seis meses, así como a nueve meses de multa con una cuota diaria de 20 euros por la omisión del deber de asistencia sanitaria , según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía.
En el mismo documento se indica que los hechos tuvieron lugar en junio de 2016. Uno de los acusados trabajaba para la Empresa Pública de Emergencias sanitarias como médico coordinador de la sala del 061 y era el encargado de decidir, en base a las llamadas, el envío de un dispositivo sanitario de urgencias; así como que dilucidar si acudía una ambulancia con el conductor o con un equipo médico. El otro de los acusados era un médico del SAS , que ocupaba el puesto de urgencias en una ambulancia.
Los hechos tienen lugar a las 06.25 horas del 20 de junio de 2016, cuando agentes de la Policía Nacional acuden a la llamada de un domicilio en Jerez. En dicho lugar habitaban un matrimonio y la hija del mismo, de 26 años de edad, diagnosticada de un retraso mental leve con trastorno de conducta que conllevan crisis tanto de agresividad hacia sus padres o vecinos como de autoagresividad, «golpeándose a sí misma y con antecedentes de ideas autolíticas o de suicidio».
En el momento en el que los policías acudieron, la joven se encontraba con una crisis de «agresividad y agitación importantes », dirigiéndose hacia su padre al que ya había agredido con anterioridad y seguía queriendo agredir. Los agentes ubicaron a la joven en una habitación distinta a donde se hallaba el padre y comenzó a golpearse a sí misma con «la cabeza contra la pared y contra el suelo». Para poder inmovilizarla y evitar que continuara con los golpes tuvieron que actuar dos o tres funcionarios. Dada la situación requirieron un dispositivo médico a la sala del 061. Una petición que fue dispuesta por uno de los acusados que atendía el requerimiento: primero por el motivo de la demanda y segundo por ser la policía la que pedía el dispositivo.
Cuando se hizo la llamada, el médico de urgencia que se encontraba en la ambulancia llamaba por teléfono al médico de sala para advertirle que el día anterior « habían llevado dos veces en ambulancia a la joven al hospital y que la psiquiatra de guardia había considerado que la paciente no cumplía criterios de ingreso, así como que la afectada había estado tranquila en la ambulancia y que no había necesitado medicación», por lo que entendía que el traslado al hospital «no tenía sentido».
A continuación, el coordinador médico, que tenía la capacidad de decidir si enviaba o no la ambulancia, se puso en contacto con los agentes que se encontraban en el domicilio «intentando retener a la enferma que se encontraba muy agitada», dice el escrito de Fiscalía, y tras serle descrita la situación dijo que no procedía el envío de la ambulancia medicalizada , puesto que la paciente no cumplía «criterios de ingreso», no tenía ningún brote y «su situación era la misma que la que había dado lugar a llevarla dos veces al hospital el día anterior».
Ante la situación en la que se encontraba la paciente, y que no acudiría ningún médico a la casa, los agentes de Policía preguntaron a los padres si tenía alguna medicación prescrita que la pudiera calmar. La madre, junto con los policías, procedió a dar la medicación. Veinte minutos más tarde, cuando se encontraba más calmada, los agentes marcharon de la casa, dejando a la paciente acostada y aparentemente tranquila.
Quince minutos después, aprovechando que sus padres no la veían, la joven se arrojaba por la ventana del salón de su domicilio, situado en una tercera planta.
A consecuencia de la precipitación, la joven sufrió politraumatismos , fractura costal derecha, contusión pulmonar, fractura inestable de la pelvis, del fémur derecho, el calcáneo derecho, entre otras lesiones. Para ello tuvo que recibir tanto tratamiento médico como quirúrgico teniendo que estar casi 90 días ingresada y dejándole una serie de secuelas que van desde silla de ruedas y muletas, hasta la merma para realizar actividades básicas de la vida diaria, con dificultad para levantarse, acostarse o el aseo personal, entre otras. Por todo ello se reclama una indemnización de 30.000 euros por «daños morales o por la pérdida de oportunidad».
El escrito admite que no se puede afirmar que de acudir al domicilio el médico, la joven no hubiera intentado arrojarse por la ventana tras haberse ido la ambulancia; así como tampoco se puede asegurar que con los antecedentes que se tenían se pudiera representar como posible el intento de suicidio.
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