Una pesadilla para los vecinos de El Palmar: «Me han echado de mi casa»
Esta semana fueron precintadas cien parcelas ilegales en esta pedanía de Vejer de la Frontera
Los vecinos de El Palmar tardarán años en olvidar, si lo hacen, todo lo acontecido en la última semana. Esta pedanía perteneciente a Vejer de la Frontera es una de las regiones de la provincia de Cádiz con más afluencia de turismo y que vive su particular temporada alta desde finales del mes de abril a la primera quince de octubre. El sol, la posibilidad de practicar surf y los kilómetros de playa virgen donde perderte son algunos de los atractivos que ofrece la comarca cercana a Conil de Frontera.
Aunque no es oro todo lo que reluce en El Palmar. Desde hace décadas, muchos vecinos viven un calvario con su vivienda, aunque para entender todo lo ocurrido, primero hay que retrotraerse a los orígenes.
Históricamente, en esta zona rural comenzaron a vivir numerosos vejeriegos a los que se les cedieron los terrenos para su cultivo. Con el transcurso del tiempo, las tierras fueron pasando de generación en generación y muchos de ellos decidieron vender algunos de esos terrenos. El Palmar siempre ha sido una zona de pesca y zona de agricultura , que miraba más a la tierra que al propio mar, pero no es hasta la segunda mitad de la década de los 80 cuando el turismo extranjero, principalmente alemán y británico comenzó el desembarco en la zona, además del español.
Muchos quisieron hacer negocio y comenzaron vender los terrenos rurales a precio de suelo urbano para el levantamiento de viviendas y negocios, muchos de ellos sin licencia, aunque muchos otros solo han querido construir una casa en la que vivir en el terreno heredado de sus padres.
Fue pasando el tiempo y El Palmar se descontroló. Las parcelas se dividían para su venta de manera ilegal debido al continuo crecimiento del turismo. En los últimos años el precio de los alquileres vacacionales se ha disparado y se llegan a pedir 1.000 euros por semana en casas prefabricadas de madera de un dormitorio. Todo el mundo quiere ganar dinero a costa de un problema que lleva padeciendo Vejer de la Frontera durante años.
Ante el crecimiento del número de viviendas, el Ayuntamiento aprobó en 2010 un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regularizar 1.600 viviendas , con la idea de que los nativos de El Palmar pudieron tener sus viviendas y terrenos en la más absoluta legalidad, pero con la llegada de José Ortiz en 2011 a la alcaldía, dichas regularizaciones nunca se produjeron.
Hace unos días, algunos vecinos recibían una notificación en la que se les decía que la parcela en la que se encuentra su vivienda iba a ser precintada y era el martes 5 de abril comenzaron a actuar los agentes de Seprona, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, inspectores de ordenación del territorio urbano y técnicos medioambientales en más de un centenar de casas.
Los trabajos por parte de los efectivos se produjeron en el carril en el que se encuentra el camping, el carril Los Cortijos Viejos, Los Atravesaos y Los Sánchez, y no solo se precintaron las parcelas ya que los agentes se llevaron material de construcción e incluso se produjeron cortes de suministro eléctrico.
No todas las viviendas fueron precintadas, ya que muchos recibieron solo un aviso de que disponen de quince días para demostrar que dicha casa es en la que residen. El principal problema lo tienen aquellos vecinos que levantaron una casa hace menos de seis años y no pueden demostrar qué es su vivienda habitual. De esta forma, se busca acabar con todas las levantamientos que fueron construidas con un fin turístico o vacacional de manera ilegal.
El nativo de El Palmar, el principal perjudicado
Este medio de comunicación se desplazaba esta semana a El Palmar para hablar con algunos de los vecinos que se han visto afectados. En uno de los carriles, un grupo de unos siete u ocho personas observan una vivienda que se encuentra en fase de construcción. En la puerta un aviso por parte de la Junta de Andalucía en el que se dice que «se acuerda la inmediata suspensión de las obras de edificación y construcción que comportan parcelación urbanística en suelo no urbano, por los inspectores de Territorio y Urbanismo» y un claro aviso, «la rotura del precinto puede dar lugar a un delito de desobediencia, tipificado en el artículo 556 del Código Penal».
Una de las afectadas por la paralización de las obras de su vivienda nos dice que «estas tierras las he heredado de mi abuelo, y me estoy construyendo una casa para vivir con mi novio», y aquí reside el principal problema, los vecinos nativos de El Palmar que se han visto afectados por el descontrol de los últimos años.
«Mi novio y yo somos de aquí, ¿dónde quiere el alcalde que vivamos? ¿Me va a comprar él un terreno en Conil para irme a vivir allí?» comenta mientras la ira y el enfado empiezan a menguar debido a las lágrimas que caen de sus ojos.
«Me han echado de mi casa», sentencia.
En ese instante aparece Manuela, nacida en El Palmar hace 76 años. «Cuando yo era chica tenía que ir en burro hasta Conil porque no había carretera y si la marea estaba alta teníamos que cruzar por el río» y otro agricultor, con su soleta se mete en la conversación para decir que «aquí ha hecho todo el mundo lo que le ha dado la gana».
Les preguntamos quién es el culpable de esta situación ambos responden «el alcalde», pero al insistir en qué alcalde, los dos dicen «todos».
«Mi hija tiene un bar, pero con todos los papeles» dice Manuela, «y un día llegó uno de un bar ilegal que nos decía que en el ayuntamiento les habían dicho que se engancharan a nuestra luz».
Un sentimiento de olvido y dejadez
Cien notificaciones han llegado a los vecinos de El Palmar, el representante de todos ellos es Manuel Borrego, presidente de la Asociación de Vecinos de El Palmar . Tras no poder localizarlo para hablar con él en persona, nos atiende por teléfono con total amabilidad.
«La cosa ha estado muy tensa desde el momento en el que reciben las notificaciones» reconoce. «La situación ha llegado a ser caótica, no hay Ordenación y la gente no se amarra de pies y manos, siguen su curso. No hay interés para arreglar un problema que era evidente».
«Ha habido una dejación total, el anterior alcalde dejó un Plan (refiriéndose al PGOU de 2010) que ahora mismo está tirado a la basura, un Plan que costó un millón de euros», apunta.
Aunque señala que «no apoyamos este tipo de formas de construir», en relación a la división ilegal y posterior venta de parcelas, pero añade que «pero la gente no puede llevar parada treinta años».
En los últimos años en muchas parcelas comenzaron a aparecer viviendas prefabricadas de madera. «No se pueden colocar, sigue siendo una vivienda. Sobretodo están actuando por el tema de la parcelación ilegal. No se puede comprar y subdividir de esta forma una finca».
La última cuestión que le hacemos es la más complicada de responder: ¿Qué va a pasar con estas parcelas?. «Cada una tiene una casuística distinta, habrá que defender lo defendible. Depende los expedientes de inspectores».
Afirma que «hay muchos que han podido demostrar que es su vivienda habitual y no se las ha precintado», otros no han tenido esa suerte, y siguen sin poder acceder a su vivienda.
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