TRIBUNAL
El juez seguirá con la investigación del 'caso Apemsa' con nuevas declaraciones
En esta instrucción se indaga si la empresa municipal del agua portuense dio vía libre a prórrogas de contrato a otra entidad sin someterlas a concurso público
El juzgado que instruye el ‘caso Apemsa’, sobre supuestas irregularidades en contratos del Ayuntamiento de El Puerto con Aqualia, seguirá la investigación, que, entre otros, afecta al exalcalde Alfonso Candón (PP), que, por su condición de diputado nacional, es aforado.
En un auto, difundido por la plataforma «Apemsa no se vende», que instigó esta investigación, el titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de El Puerto, Manuel Llanos Calero, rechaza los recursos que varios investigados en este caso interpusieron contra su decisión de declarar esta causa de especial complejidad.
Esta declaración permite que el plazo de instrucción se pueda ampliar el tiempo para hacer diligencias más allá de los seis meses que inicialmente fija la Ley de enjuiciamiento criminal.
En su nuevo auto, el juez, siguiendo el criterio del fiscal, indica que está dentro del plazo para declarar la complejidad de la causa que «entre otros motivos, viene dada por la condición de diputado de uno de ellos y los problemas que entraña tal circunstancia».
El juez confirma «la necesidad de seguir realizando diligencias de prueba» que están pendientes de practicarse, incluida la declaración de nuevos investigados como es el caso del exalcalde popular de El Puerto, Alfonso Candón, que es diputado. El exregidor, que ha solicitado ya declarar voluntariamente en este juzgado para agilizar las diligencias, es investigado porque cuando se produjeron las supuestas irregularidades, en 2010, era concejal y formaba parte del Consejo de Administración de Apemsa, la empresa municipal de gestión del agua de la localidad.
La investigación judicial se emprendió después de que la Fiscalía denunciara al entonces alcalde de El Puerto, el también popular Enrique Moresco, a Alfonso Candón y a otros tres miembros del Consejo de Administración de Apemsa al entender que pudieron cometer presuntamente delitos de prevaricación y malversación en dos acuerdos que adoptaron en 2010.
Con estos acuerdos Apemsa convirtió supuestamente en prórrogas de contratos a la empresa Aqualia hechos que eran, según la Fiscalía, nuevos servicios y que, por su dimensión de negocio, debieron haber sido sometidos a un concurso público.
La Fiscalía tuvo conocimiento de estos hechos a través de las denuncias que le remitió la plataforma «Apemsa no se vende», durante su batalla contra la venta de un 49 por ciento de la empresa municipal a Aqualia-FCC.
En una nota de prensa difundida ayer junto con el auto judicial, «Apemsa no se vende» destaca «el intento de los imputados por provocar el archivo de la causa» que ha sido desestimado por el juez, en un auto que puede ser nuevamente recurrido.
El pasado 31 de marzo, el alcalde y diputado Alfonso Candón informó en una nota de prensa de que se presentará voluntariamente a declarar en el juzgado, «pese a no estar obligado», frente a aquellos que le acusaban «de esconderme detrás del aforamiento» y porque estar sometido a esta condición podía suponer «un alargamiento de un proceso judicial que están sufriendo compañeros míos».
«Espero declarar pronto para que la justicia vuelva a poner a todos en su sitio promoviendo el archivo y sobreseimiento de la causa. No tengo nada que esconder», añadía el también presidente de los populares de la ciudad gaditana. «Esperamos que con esta declaración voluntaria, Fiscalía y Juzgado puedan por fin cerrar la instrucción y que como deseamos se demuestre que el Consejo de Administración de APEMSA, por mucho que le duela a algún político frustrado, siempre actuó de acuerdo a derecho», insistía.
El diputado indicaba también que le dejaba «perplejo» que la plataforma Apemsa «que no tiene personalidad jurídica y que por supuesto, no está personada en la causa porque no pueden, filtren a la prensa los escritos procesales» de este caso, algo que, según anunciaba, pondría en manos de sus abogados.
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