El Ayuntamiento de Cádiz no consigue una solución para los okupas

A pesar de los esfuerzos para elaborar un protocolo antidesahucios, de la promesa de poner en marcha una Oficina en Defensa de la Vivienda, la realidad se impone, y el limbo legal en que se encuentran las personas que por necesidad se ven obligadas a dar lo que popularmente se conoce como la «parada» a la puerta de una vivienda para okuparla ha convertido la situación de muchas de estas familias en uno de los grandes quebraderos de cabeza del actual equipo de Gobierno. No es que no lo fuera para los anteriores, pero a este equipo de Gobierno se le exige más, solo en virtud de su propia autoexigencia evidenciada a través de promesas y compromisos de difícil cumplimiento, al menos mientras no se cambie la legislación general en materia de vivienda.

De momento, y aparte de los incumplimientos con las familias de la Corrala de la Bahía, de los que desde el Ayuntamiento se culpa al Banco de Santander, que es el propietario del inmueble, los Servicios Sociales y la delegación de Vivienda tienen sobre la mesa tres casos urgentes.

Dos son los de las familias desalojadas hace más de tres semanas de una finca de la calle San Juan. De las tres, solo una de las desalojadas ha conseguido encontrar una alternativa habitacional, al contar con una pensión que le sirve como garantía para los arrendatarios.

Las que siguen a la desesperada en busca de un nuevo hogar son las otras dos mujeres con menores a su cargo y que desde hace veintidós días viven en una pensión que les paga el Ayuntamiento. Cuenta una de las afectadas, Vanessa Vento, que este miércoles finaliza la tercera prórroga concedida por los Asuntos Sociales para que puedan seguir en la pensión. Esta no obstante, llega después de que el lunes de esta semana de nuevo tuvieran señalada la fecha para salir de la pensión, pero reconoce que «al llegar a la delegación y decirnos que no nos querían renovar la pensión porque hemos superado los 3.000 euros del presupuesto montamos una que fue de vergüenza». A continuación se lamenta de la situación, aclarando que «no tengo por qué perder mi dignidad».

Este miércoles ella y la otra desalojada irán a ver otro piso, pero temen que de nuevo se encuentren con el obstáculo de que los propietarios, «de las inmobiliarias ni hablamos», no se fían del Ayuntamiento como pagador.

Y al drama de estas dos familias se suma el de una tercera que okupa una vivienda de Procasa en Puntales y que ya tiene fecha de desalojo para el próximo lunes después de que el sobrino de la anterior inquilina, a la que cuidaba la mujer que ha okupado el piso y que ya ha fallecido, haya denunciado la situación. Explican fuentes municipales que este miércoles se va a producir una reunión de la okupa con una trabajadora social para empezar a valorar posibles alternativas de cara a su salida de este piso de titularidad pública.