El Ayuntamiento de Cádiz avanza en la creación de una oficina contra los desahucios

El alcalde de Cádiz, acompañado de las concejalas de Vivienda y Servicios Sociales, Eva Tubío y Ana Fernández, respectivamente, ha mantenido hoy una reunión con el juez decano de Cádiz, Pablo Sánchez Martín. El objetivo del encuentro era avanzar en posibles líneas de colaboración que permitan «protocolarizar» una manera de actuar contra los desahucios «más allá de las acciones puntuales que se han venido desarrollando en el Ayuntamiento durante los últimos años».

En esa línea, el equipo de Gobierno le ha presentado al juez decano dos líneas de actuación. La primera va encaminada a que la Fiscalía notifique en tiempo real, cada vez que se inicie un expediente que puede terminar en desalojo o desahucio, al Ayuntamiento.

Asegura José María González que lo habitual es que el Consistorio tenga conocimiento de estos casos una semana antes de la fecha de lanzamiento que el juzgado marca para los inquilinos que no pueden hacer frente al pago de sus viviendas, por lo que «el margen de maniobra se reduce considerablemente». Por eso, dice estar convencido de que «si tenemos más tiempo para actuar estaremos en mejor disposición para dar una solución al asunto».

La segunda línea de trabajo que se le ha planteado al juez decano en la reunión es la creación de una oficina de defensa de la vivienda, en la que «se pondrán al servicio de la ciudadanía todos los recursos con que cuenta este Ayuntamiento para luchar contra los desahucios, que antes no se podían utilizar porque vencían plazos, porque teníamos un margen de maniobra muy reducido».

El alcalde ha especificado que la oficina «será una herramienta física que tendrá una dotación de abogados, de trabajadores sociales, de educadores sociales, que acompañen todo el proceso». Ha indicado también que ejercerán «una labor de acompañamiento de las familias y de mediación, además de poder orientar a las familias en caso de que finalmente el desahucio se produzca y haya que ayudarles a encontrar otra vivienda».

González ha hecho hincapié en la importancia de la labor de mediación, en la que ha coincidido con el juez decano, puesto que «esa labor impide en muchas ocasiones que se produzca el juicio». Si se produce el desahucio, se buscarán alternativa habitacionales. En ese aspecto, el alcalde ha manifestado la importancia de que las inmobiliarias o propietarios se fíen del Ayuntamiento de Cádiz como pagador. «Es importante recuperar esa confianza que se había perdido», dice.

La segunda línea, más a largo plazo, sería crear una bolsa de viviendas en alquiler social en la ciudad. Para ello habría que sentarse «con los acaparadores de viviendas, los propietarios que tiene viviendas vacías porque no tienen dinero para rehabilitarlas y ver que mecanismo se pueden activar para que esas viviendas se pongan en el mercado». Incluso hay un planteamiento de contactar con entidades bancarias. Todas estas medidas se verán reflejadas en el Plan Municipal de Vivienda que en estos momentos se está elaborando. Una vez que esté redactado y aprobado también se producirán contactos con la Junta para que reactive el Plan Andaluz de Vivienda.

Con la aprobación de la junta de jueces estaría todo preparado, según han explicado el alcalde y la concejala de Vivienda, a finales de la semana que viene, y tras suscribir también un acuerdo con el Colegio de Abogados, se podría ultimar la redacción del protocolo antidesahucios. En este caso, al no haber presupuesto municipal para este año, la puesta en marcha de la oficina se llevará a cabo con los recursos humanos y técnicos con que cuentan las delegaciones de Servicios Sociales y de Vivienda, al ser una gestión compartida por ambas.

El alcalde de Cádiz ha destacado la buena sintonía encontrada con los planteamientos del juez decano, y espera que la próxima semana, una vez que se haya reunido la junta de jueces, se pueda corroborar el acuerdo, «porque estamos convencidos de que a todas las instituciones les preocupa la situación de la ciudadanía».