«Aquí vivimos personas con hijos pequeños, no somos delincuentes»

Vanessa Vento, Elisa Catalán y Olga Toledano se han convertido este lunes en las protagonistas de un nuevo episodio de desalojo en Cádiz, en este caso de los pisos que ocupaban en el número 37 de la calle San Juan, una propiedad privada que se encontraba vacía desde hace años y en la que decidieron instalarse de manera desesperada ante la ausencia de vivienda.

A pesar de los intentos de las propias afectadas, dirigiéndose al juzgado para solicitar una moratoria, y de la delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, la realidad es que estas tres mujeres y sus hijos se han encontrado de repente en la calle. Una situación que temían que se produjera en los próximos días, pero no de una manera tan inesperada como la que ha tenido lugar a primera hora de la mañana de hoy.

De manera provisional, las tres familias han sido realojadas en una pensión de la capital mientras que los trabajadores de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz continúan valorando su situación y asesorándolos en la búsqueda de una alternativa habitacional. Es la segunda vez que el nuevo equipo de Gobierno se enfrenta a una situación de este tipo, después del desahucio del Benjumeda 35, y en ninguno de los casos ha podido impedir que estas familias acabaran fuera de sus hogares.

El desalojo ha sido efectuado por la Policía Nacional tras la orden dictada por la autoridad judicial. El Ayuntamiento ha puesto a disposición de las familias desalojadas un vehículo municipal para transportar las bolsas en las que han guardado sus pertenencias.

Vanessa Vento, de 29 años y con dos hijos de 8 y 6 años a su cargo, ya vivió la traumática experiencia de un desahucio. Ahora su pesadilla vuelve a repetirse. «Sabíamos que esto iba ocurrir, pero no tan pronto y sin avisarnos. A las siete y media de la mañana han llegado un montón de furgonetas de la policía para echarnos de nuestras casas. No hacía falta que se hicieran las cosas así, nosotras mismas íbamos a dejar la finca», explica esta gaditana, que llevaba viviendo dos años en el inmueble, «una finca vacía de la que los dueños no se hacían cargo».

Elisa Catalán, también de 29 años y madre de un menor de solo dos años, aseguraba entre lágrimas que «aquí vivimos personas con niños pequeños, no somos delincuentes, y en el juzgado no se nos ha querido escuchar». Como en el caso de sus compañeras, su situación económica es bastante precaria, pues sus únicos ingresos proceden de una de 426 euros que se le acabará en seis meses.

La historia de Olga Toledano, natural de Punta Umbría, también es dura. Víctima de violencia de género, se instaló en la finca de la calle San Juan hace apenas cuatro meses ante el impedimento de poder acceder a un alquiler. Ahora, al igual que sus vecinas, mira al horizonte con incertidumbre, sin saber donde podrá asentarse para seguir plantando cara a la vida.