El PSOE dice que la derogación del decreto «afecta a 2.005 funcionarios en la provincia»
El partido socialista de Cádiz culpa de la situación de los interinos «a la pinza que tienen oculta los parlamentarios del PP y los de Podemos»
Actualizado:La secretaria general del PSOE de Cádiz y presidenta de la Diputación, Irene García, ha mostrado su «solidaridad» con los 2.005 funcionarios gaditanos que han visto «mermados sus derechos en virtud de la pinza que tienen oculta los parlamentarios del PP y los de Podemos».
En un comunicado, García ha manifestado que «la traba a la aprobación de este decreto, vital para los interinos, es una merma en su presente y su futuro», ya que, según ha indicado, «los privan de poder trasladarse a otros destinos para estar cerca de sus familias y se les niega la posibilidad de poder ascender internamente en las administraciones públicas andaluzas a través de sus méritos y oposiciones».
A juicio de la dirigente socialista, «lo que ha ocurrido es una fotografía oculta de lo que pretenden hacer Rajoy e Iglesias, cuya finalidad es dificultar, absolutamente, el funcionamiento del Gobierno y es un reflejo de la política que quieren implantar».
Además, ha calificado de «irresponsabilidad política» esta decisión, ya que «no sólo obstruye los derechos de los funcionarios interinos, sino que también lo hace con las posibilidades de crear nuevos puestos en las administraciones públicas, coartando de esta manera la oportunidad de los ciudadanos a acceder a una plaza pública».
Asimismo, ha señalado que espera que PP y Podemos «no utilicen sus claves internas y sus políticas para boicotear al Parlamento de Andalucía, ya que con esto lo único que hacen es poner trabas a los propios ciudadanos».
Para García, «ha sido fácil quitarle la careta a los que venían a hacer nueva política ya que al final han seguido las tendencias de los que llevan treinta años perdiendo elecciones».
Finalmente, la secretaria general socialista por la provincia de Cádiz ha advertido a PP y Podemos que «ahora tendrán que dar las explicaciones oportunas a los ciudadanos sobre sus decisiones y dar un argumento que refuerce su postura de impedir a los funcionarios que tengan el derecho a la movilidad y a la promoción interna».