El PP denuncia falta de transparencia en la contratación de asesores en Diputación

. El portavoz del PP en la Diputación Provincial de Cádiz, José Loaiza, criticó ayer duramente la política de contratación de cargos de confianza que está llevando a cabo el equipo de Gobierno liderado por Irene García.

Además de referirse a la contratación del hijo del número tres del PSOE andaluz, Juan Cornejo, en lo que califica como la sustitución del clan de Alcalá por el «clan de Medina», el expresidente de la institución provincial ha puesto la lupa en el contrato como asesor económico de la presidenta de Francisco Collado.

Se da la circunstancia de que Collado ya fue asesor de la propia Irene García y luego de su sucesor en la Alcaldía de Sanlúcar, el también socialista Víctor Mora. A finales del pasado año cesó en su puesto después de un presunto caso de prevaricación. Fueron precisamente los grupos del PP e Izquierda Unida en Sanlúcar de Barrameda los que denunciaron que se había adjudicado el servicio de Escuela de Verano a una empresa de la que el propio Collado era titular sin que ésta hubiera realizado la mejor oferta. «Al poco tiempo el contrato fue revocado y Collado fue cesado como asesor del alcalde», explica Loaiza.

El asunto ha seguido teniendo recorrido e Izquierda Unida ha denunciado ante la justicia este caso de presunta prevaricación, estando en estos momentos siendo investigado por el Juzgado número 1 de Sanlúcar, que ha abierto diligencias previas.

También a Ciudadanos

Loaiza considera que Collado «vuelve a las andadas en Diputación, aunque ya conocemos sus prácticas y las del PSOE». Por eso, dice, «pedimos que lo cesen, porque no es de confianza para el dinero público».

El portavoz popular añade que el mismo caso salpicó a la última candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Sanlúcar y socia de gobierno del PSOE, Elena Sumariva, cuya hija, afirma Loaiza, estaba contratada por la empresa de Collado. «Todo queda en casa», dice Loaiza, que no duda en calificar esta contratación como un ejemplo de «nepotismo». «Son contratos peligrosos, porque volvemos al pasado y falta transparencia», comenta.

Desde el PSOE, no obstante, se defiende la contratación de Collado como asesor económico por su «experiencia constatable en el sector» y se recuerda que se le ha contratado «para que trabaje, no como hizo Loaiza con algunos cargos de confianza, que ni siquiera pisaron la Diputación».

El diputado responsable de Servicios Económicos, Jesús Solís, recuerda además que el PP ni siquiera se mostró en contra de la contratación de un asesor económico en el Pleno de Organización.

En la misma línea se pronunciaba poco después la secretaria de Organización del PSOE provincial de Cádiz, Araceli Maese, que mostraba su «enorme sorpresa e incredulidad» por las declaraciones del portavoz del PP, al que retaba a que diga «el nombre de uno solo de los asesores que nombró en su etapa como presidente que pueda mostrar la mitad de capacidad, experiencia, conocimientos y currículo que el señor Francisco Collado».

La socialista continúa su defensa de Collado exponiendo que el mismo es economista y auditor, máster en Programa de Dirección General del prestigioso IESE, y está vinculado a la administración local desde hace casi cinco décadas, desde 1968, cuando inició su andadura en el Banco de Crédito Local (BCL), dedicándose a la auditoría de ayuntamientos de toda España, entre otras labores. Pasó luego a ser director general de la entidad y a presidir la primera constructora para ayuntamientos que se creó en España, propiedad del propio BCL.

Posteriormente pasó a ser director de la banca institucional de Argentaria, además de trabajar como directivo del Banco Santander hasta 2006, cuando se prejubiló. Desde ese momento se ha dedicado a la asesoría y a la formación en la administración local, autonómica y nacional, prestando sus servicios a ayuntamientos de toda España, de diverso color político, entre ellos a los de León u Oviedo, gobernados por el Partido Popular. En los últimos años, en la provincia de Cádiz, ha prestado sus servicios a los consistorios de Puerto Real (gobernado por IU) y Sanlúcar, «tareas que dejó tras el fallecimiento de un familiar directo», aclara.

Antonio Jesús Ruiz

Pero la sombra de la duda que extiende José Loaiza no se cierne solo sobre el PSOE, sino también sobre su socio de gobierno, el Partido Andalucista. Esto es así después de que la vicepresidenta segunda, Maribel Peinado, haya contratado como asesor al secretario general de su partido, Antonio Jesús Ruiz.

Loaiza insiste en que no se trata de contratos ilegales, pero duda de la ética de los mismos. En el caso de los andalucistas, Loaiza reclama a la presidenta provincial, Irene García, que haga público, «con luz y taquígrafos, a qué acuerdos ha llegado con el Partido Andalucista. No sabemos qué precio van a tener que pagar los gaditanos por tener al PA en el gobierno de la Diputación, ni qué programa van a llevar a cabo».

Tampoco se hizo esperar la reacción del PA, cuyo vicesecretario de Comunicación, José David Sánchez de Medina, recordó que «si hubo luz y taquígrafos fue precisamente en la firma del pacto entre el PSOE y el PA, por eso los gaditanos saben exactamente lo que les va a costar, porque es público». Añadió respecto al nombramiento de Ruiz, que es lógico que Peinado haya querido contar con alguien con su experiencia en la política local y le recriminó a Loaiza que «cuando Antonio Jesús Ruiz era su socio de gobierno en El Puerto no había duda de su competencia».