Sanz insiste en que el Gobierno trabaja en los petroleros y cumplirá con Puerto Real

«El Gobierno no ha tirado la toalla con los petroleros de Navantia». De esta forma tan contundente se pronunciaba ayer el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, en relación al polémico contrato que se persigue firmar con el grupo vasco Ibaizábal. Sin embargo, problemas de financiación de última hora han sembrado de incertidumbre esta inversión. El objetivo no es otro que construir seis petroleros de la serie Suezmax en los astilleros españoles, concretamente en las factorías de Puerto Real, que sería el epicentro de la producción, y en la gallega de Ferrol, que haría de complemento. Según Sanz, se estudia en estos momentos la viabilidad del acuerdo, «pero es una prioridad del Gobierno captar carga de trabajo para las factorías gaditanas».

En este sentido, insistió en que «hay una voluntad política clara en favor de la industria naval».

Este periódico se hizo eco ayer de un informe económico elaborado por el Ministerio de Hacienda en el que se califica de «ruinosa» para Navantia la operación de los petroleros. El estudio detalla que se trata de una inversión que entraña riesgos muy altos para una empresa pública como Navantia, ya que el principal beneficiario sería el astillero coreano de Daewoo, que participa en el proyecto como socio tenológico. Es decir, Navantia aportaría exclusivamente la mano de obra, mientras que Corea sería la encargada de facilitar el diseño, la tecnología y los bienes de equipo.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, asegura que se estudian todas las alternativas para sacar adelante el proyecto.De hecho, la dirección de Navantia informará mañana a su Consejo de Administración del resultado de las conversaciones y de los ajustes económicos que se están haciendo para que el contrato sea rentable para todas las partes.

El Consejo no tomará ninguna decisión, ya que el resultado de las negociaciones y del informe económico definitivo se debatirán en un Consejo de Administración de la SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a la que está adscrita Navatia y que pertenece al Ministerio de Hacienda. Este consejo se debe celebrar antes del 28 de julio, fecha en la que el grupo vasco Ibaizábal, a través de su armador Ondimar Transportes Marítimos, debe conocer la decisión definitiva de Navantia.

Antonio Sanz ha insistido en que el Gobierno de la nación cumplirá con la industria naval y traerá carga de trabajo para el astillero de Puerto Real.

El estudio económico-financiero, cuyas claves adelantó ayer LAVOZ, señala que el precio de los barcos es muy ajustado y cualquier variación a lo largo del proceso de construcción puede generar pérdidas para la propia Navantia. Adema, dice el estudio, que este contrato no genera ningún valor añadido para la industria española, ya que la tecnología y los bienes de equipo son importados.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas, mostró ayer su confianza en relación al contrato de los petroleros. En su opinión, el tejido industrial de la Bahía está sobradamente preparado para recibir una inversión de estas características y subrayó que la provincia no se puede permitir ahora perder un contrato de esta envergadura.