El equipo de Gobierno plantea una reestructuración de Servicios Sociales
La concejala del ramo asume que habrá que aumentar la plantilla y tiene «presentes» para ello a los 24 trabajadores que cesaron hace un año
Actualizado: GuardarEl equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha reafirmado esta mañana su apuesta por hacer de los Servicios Sociales la piedra angular de su trabajo. Así, la concejala del ramo, Ana Fernández, ha reconocido que se están estudiando los protocolos existentes en la delegación para rediseñar su funcionamiento. Se establecerá un nuevo protocolo para la concesión de ayudas sociales, entendiendo que hay otras necesidades que cubrir más allá del pago de recibos de electricidad o agua.
El alcalde ha reconocido que desde su llegada es una constante la presencia de personas que le esperan a las puertas del Ayuntamiento o que le paran por la calle para explicarle sus problemas y pedirle una solución. Y partiendo de esa realidad, asume que hay que cambiar el sistema de trabajo de Servicios Sociales.
«Lo que no se puede hacer es cerrar la agenda de la delegación como anteriormente, porque la gente necesita ser atendida», asevera.
Y de cara a ese aumento de la carga de trabajo, Ana Fernández ha afirmado que previsiblemente habrá que aumentar la plantilla, para lo que tiene «muy presentes» a los veinticuatro trabajadores que salieron hace un año de la concejalía tras no renovarse sus contratos adscritos al Plan Concertado con la Junta de Andalucía.
Además de esto, desde la Concejalía de Asuntos Sociales se están terminando de poner en contacto con las familias de los menores que se podrán ebenficiar durante el verano del Plan de Garantía Alimentaria gracias al convenio firmado recientemente entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz. Las familias de estos niños recibirán 8 euros al día por cada uno de los menores para costear su alimentación.
Protocolo antidesahucios
Preguntado por la problemática de la vivienda en la ciudad, el alcalde ha explicado que «parar un desalojo no significa pagarle una pensión a una familia diez días, que es lo que hacía el gobierno anterior». A su juicio, «lo que hay es una obligatoriedad en asistencia a estas familias, a las que no se debe desahuciar sin que exista una alternativa habitacional» y el Ayuntamiento tampoco puede «ir apagando fuegos». Por ello, sostiene que hay que establecer un protocolo de actuación en materia de desahucios. El gobierno local ya está diseñando un borrador y su intención es iniciar una ronda de reuniones «con los jueces, con la Junta y con los bancos para establecer juntos el protocolo».
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