Los cinco imputados en el caso Valcárcel Recuperado niegan los hechos

Visto para sentencia. El juzgado de lo penal número cinco 5 de Cádiz ha sido escenario del juicio contra los cinco integrantes del colectivo Valcárcel Recuperado acusados de la usurpación el ya lejano 19 de junio de 2011 del antiguo colegio gaditano, Bien de Interés Cultural.

Cuatro años después de aquello, Jorge Sáez, Domingo González, Sergio Mesa, Raúl Láinez y Cristina Adorne han declarado ante el juez que instruye el caso, Julio Serrano, negando la mayor, pues los cinco se desvinculan de ser partícipes de la okupación del edificio, al que aseguran que sólo accedieron de manera esporádica y sin jugar un papel verdaderamente relevante en las actividades que se desarrollaron durante los casi siete meses que se prolongó la okupación.

Entre los argumentos esgrimidos por los acusados durante el turno de declaraciones se encuentran que entraron en el edificio porque la puerta estaba abierta, asegurando que acudieron a algunas asambleas y que no cambiaron la cerradura del edificio. Asimismo, explican que en ningún momento nadie de la propiedad se puso en contacto con ellos ni reivindicaron su titularidad al igual que tampoco le invitaron a abandonar el edificio.

Desde las 9.30 horas fueron llegando a las inmediaciones del juzgado familiares y simpatizantes del colectivo Valcárcel Recuperado que alcanzaron el centenar de personas. Apoyaban así a los imputados portando una pancarta en la que han pedido la absolución. Entre los representantes políticos que acudieron a apoyar a los imputados se encontraba el teniente de alcalde Martín Vila y la concejal de Comercio, Consumo y Turismo, Laura Jiménez.

Será el próximo mes de septiembre cuando vea la luz la decisión del juez. La defensa se ha ratificado en pedir la absolución de los acusados, mientras que en el caso de que sean declarados culpables, cada uno de ellos se enfrentará a una multa de diez euros al día durante seis meses —alrededor de los 1800 euros— y tendrán que hacerse cargo de las costas judiciales.

Desde la Fiscalía no se recrimina la protesta social para la que fue utilizado el inmueble, sino el método empleado por los imputados, llevando a cabo «una okupación a la fuerza» del edificio y manteniéndose en el mismo durante casi siete meses. Insiste en que no entra a valorar las actividades que se llevaron a cabo dentro del antiguo colegio, sino que «la trascendencia penal del caso se halla en el método utilizado para acceder al edificio».

En este sentido, la Fiscalía argumenta su postura haciendo referencia a una sentencia del Tribunal Supremo fechada el 12 de noviembre de 2014 en la que se recoge que hay que valorar tres puntos a la hora de tomar una decisión judicial en casos de esta naturaleza: que la ocupación sea con vocación de permanencia, que el realizador de la okupación carezca de título jurídico y que conste que la voluntad del propietario es contraria a la ocupación.

El Fiscal del caso asegura que la línea argumental de la defensa va por otros derroteros bien diferentes a estos que el Supremo marca como claves. Para el Ministerio Fiscal, nada de lo alegado por la Defensa impide que concurra lo recogido en el artículo 245.2 del Código Penal, que recoge que «el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses».

Asimismo, la Fiscalía lamenta la actitud de los acusados durante el turno de declaraciones, viniendo a decir que ninguno de ellos participó de los hechos del 19 de junio de 2011. «Llegan a un acuerdo sin saber cómo se fraguó el mismo y se organizan de tal forma que se turnan en determinados momentos para estar en el edificio. En el fondo existe la voluntad del grupo de permanecer en él. Y en ese caso todos son responsables del delito de ocupación».

Por su parte, Felipe Meléndez, abogado de la acusación particular se mueve en la misma línea que la Fiscalía y explica que no tiene «nada en contra de las personas que entraron y permanecieron en el inmueble, pero hay que respetar el derecho a la propiedad. A finales de julio de 2011 todos ellos conocen o tienen al menos la sospecha de que es una propiedad privada».

Además insiste en que los imputados han mostrado argumentos muy «livianos» durante sus declaraciones. «Yo no sabía..., yo no era..., yo no estaba... nadie sabe nada, pero tienen la sospecha de que es un edificio privado y no se marchan», explica Meléndez.

«No se trata de una okupación, sino de una reivindicación social»

Mari Luz Moreno, integrante del equipo jurídico del colectivo Valcárcel Recuperado, aseguraba a la finalización de la vista oral que «creemos que hemos dado argumentos contundentes para que se entienda que no se trata de una ocupación al uso, ni mucho menos, ni siquiera se trata de una ocupación. Se trata de una denuncia social, de una reivindicación que está amparada en la ley, en la de Patrimonio en concreto, con la que se le han evitado muchos daños al bien. Creemos que la intervención del derecho penal debe ser mínima y en este caso ni siquiera se debería haber intervenido. No es delito, esperemos que así lo contemple el juez».

Y es que durante el juicio, la Fiscalía ha insistido en que hubo ocupación del recinto. Moreno defiende todo lo contrario. «No hay una okupación, lo que hay es una reivindicación de un bien que estaba abandonado y en desuso y un cuidado por parte de las personas que han entrado, que han sido miles, que no han hecho daño, sólo cuidarlo, y además dando comunicación a las autoridades. Esto no cumple ninguno de los requisitos para considerarse una ocupación».

Moreno explica además que la principal argumentación de la acusación «es una sentencia sobre la propiedad que es de abril de este año que no es firme y que le atribuye la propiedad a Zaragoza Urbana, pero dicha sentencia esta dictada en un procedimiento que interpone la propia Zaragoza Urbana diciendo que no es propietaria, alegando un montón de motivos para demostrar que no es propietaria. Zaragoza Urbana siempre ha defendido que no es propietario de Valcárcel, desde antes de 2011».