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El concejal Adrián Martínez de Pinillos, sacado en volandas por los agentes durante el desahucio. - antonio vázquez
justicia

Los concejales de Cádiz se libran de la reforma del Código Penal por pocos días

Los dos ediles llamados a declarar esquivan la llamada Ley Mordaza, que entrará en vigor el miércoles

elena martos
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Los dos concejales de Por Cádiz sí se puede esquivarán las elevadas multas que podría conllevar la conducta que mostraron durante el desahucio de hace una semana por una cuestión de días. La reforma del Código Penal , que entra en vigor el próximo miércoles, incorpora una despenalización de la mayoría de las faltas, como es el caso de la resistencia pasiva. Eso significa que todos los que las cometan a partir de ese día serán procesados bajo la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, que plantea fuerte sanciones.

Este cambio en el marco legal no tipifica la desobediencia civil pacífica como un delito, pero sí endurece la pena a aquellos que la llevan a cabo. A partir del día 1 de julio será considerado una falta administrativa, cuya pena es económicamente más dolorosa con sanciones que podrían llegar hasta los 30.000 euros para las que son consideradas graves. Por cuestión de semanas, los dos ediles que testificarán mañana, David Navarro y Adrián Martínez de Pinillos, se librarán de esa posibilidad. El proceso al que se enfrentan es un juicio de faltas habitual en el que se valorará si ambos han cometido una desobediencia civil, que tal que transcurrieron las cosas podría ser de carácter leve.

Lo que sí llama la atención es que entre todos los que han sido llamados mañana a declarar no figuran las otras dos concejalas de Por Cádiz sí se puede, Ana Camelo y Laura Jiménez, que también fueron conducidas por los agentes de Policía Nacional fuera del dispositivo de seguridad que se instaló para ejecutar la orden de desahucio. La manera de actuar de ambas fue exactamente la misma que la de David Navarro, formando parte de la cadena humana que se organizó ante la puerta de la finca en la que vivía el matrimonio desahuciado y ninguna ha sido llamada en esta ocasión. Distinta fue la manera de proceder del cuarto concejal que mostró resistencia ante los agentes, negándose a salir del dispositivo de motu proprio, por lo que tuvo que ser sacado en volandas.

Fuentes del ámbito judicial explican que «tal vez no les ha llegado la notificación y pueden ser llamadas más adelante». En todo caso, aunque el juicio se celebrara más adelante o el que está previsto para mañana se aplazara, igualmente serían juzgados en base al antiguo Código Penal, porque no se aplica con carácter retroactivo para los hechos que han ocurrido antes de su entrada en vigor. También han aclarado que «los juicios de faltas se celebran con rapidez porque es el procedimiento habitual», en respuesta a las críticas que había realizado el alcalde, José María González, sobre la celeridad con la que se ha convocado esta vista y la lentitud con la que se llevan otros asuntos como el caso de los ERE.

Sin entrar a valorar esta reforma y la polémica Ley Mordaza que también entra en vigor el próximo miércoles, el nuevo equipo de Gobierno deberá valorar la situación antes de recurrir a la desobediencia civil, dado lo que conlleva. Si bien no cometerán ningún delito, sí se enfrentarían a elevadas multas que correrán de su bolsillo o del erario público.