Por Cádiz sí se puede se compromete a rendir cuentas ante un jurado ciudadano

La candidatura de Por Cádiz sí se puede ha presentado hoy el código ético de la organización. Se trata, según ha explicado el alcaldable, José María González, de un «contrato» que suscriben todos los miembros de la lista que encabeza y que «asegura que el Ayuntamiento va a estar al servicio de los ciudadanos».

Este código se sustenta en tres ejes fundamentales: la desprofesionalización de la política, la transparencia y la participación y el control ciudadano.

Para garantizar que la política no sea «un medio para el enriquecimiento personal», los miembros de Por Cádiz sí se puede plantean una limitación salarial que les impedirá cobrar en su carrera política más de 3 veces el salario mínimo interprofesional. En el caso concreto de José María González, se compromete a que, si llega a ser alcalde de Cádiz, mantendrá su sueldo como profesor de instituto, que ronda los 1.800 euros.

En esa línea también se imponen una limitación de mandatos, que será de uno, con la opción de prorrogarlo a otro más. Y por otro lado, hay un compromiso de «eliminación de las puertas giratorias», que implica que en los cinco años siguientes a dejar el Ayuntamiento los concejales de esta formación no se incorporarán a ningún consejo de dirección de empresas relacionadas con el sector en el que han desarrollado su trabajo municipal.

A nivel de transparencia, el código ético de Por Cádiz sí se puede recoge la creación de un portal a través del que ciudadano tendrá acceso a todos los documentos y cuentas públicas. Todos los miembros de la lista presentarán además su declaración de bienes durante el mandato y en los tres años posteriores.

Por último, defienden la participación ciudadana que permita a los gaditanos «una mayor presencia en la toma de decisiones». Para conseguirlo, proponen la creación de consejos deliberativos en los que grupos de ciudadanos, con formación previa y asesorados por expertos, recibirán y discutirán las propuestas presentadas por colectivos o individuos en asuntos en asuntos de competencia municipal. Esto se completará con la puesta en marcha de los llamados consejos de barrio.

Una medida especialmente llamativa es la de la creación de los jurados ciudadanos, en el que un grupo de personas se encargarán de evaluar las acciones o proyectos políticos ya realizados.

La candidatura abre también la puerta a la celebración de un debate anual sobre el estado de la ciudad en el que participe un jurado ciudadano expresamente conformado para la ocasión, que podrá plantear preguntas a los diferentes grupos municipales y emitirá una valoración final del proceso.

Proponen también la celebración de consultas ciudadanas sobre asuntos de interés público; la posibilidad de celebrar referéndums revocatorios como medida de control de la acción de los concejales; o la elaboración de presupuestos participativos.