La polémica de la adjudicación de los pisos de Matadero en Cádiz se reabre por un virus informático

El 'caso Matadero' vuelve a ser noticia pero no por los avances en la investigación sino por una posible alteración en los elementos de prueba que podrían provocar un retraso en las pesquisas. Este jueves, la Cadena Ser informaba de que la Policía Nacional había acudido a la Delegación municipal de Servicios Sociales para recabar documentación sobre el proceso de adjudicación de las viviendas sociales de Matadero.

Un proceso que está bajo sospecha desde que hace un año, la Fiscalía de Cádiz formulara denuncia por posible delito de prevaricación en la selección de familias que ocuparon finalmente los 102 pisos sociales de la zona de Cortadura. Una elección que no se habría ajustado a criterios objetivos y técnicos.

Según esa información conocida este jueves, los agentes no pudieron acceder a los documentos.

Desde la delegación les informaron que un virus había afectado a varios ordenadores, codificando los archivos. Se trataría de una nueva modalidad que consiste en secuestrar la información de los terminales infectados. Sus usuarios solo pueden recuperarla previo pago a los mismos ciberdelincuentes que han atacado el sistema. Recientemente las autoridades han alertado de este virus que suele enmascararse bajo la apariencia de un email enviado por Correos.

Este periódico se ha puesto en contacto con fuentes directas de la investigación que han confirmado la misma información, añadiendo que en el seno de las mismas diligencias que instruye el juzgado de Instrucción nº 1 de Cádiz se va a intentar aclarar qué ha podido ocurrir con ese material reclamado por la Policía Nacional el pasado martes.

Por la tarde, el Ayuntamiento remitía un comunicado negando el borrado de archivos y afirmando que había puesto a disposición de la Policía Nacional los documentos. "Toda la información de Servicios Sociales referente al asunto que la Policía ha solicitado se encuentra en los expedientes físicos de cada una de las UTS (Unidades de Trabajo Social) de zona y en los correspondientes equipos informáticos, incluida copia de seguridad". El comunicado del Consistorio califica de "rotundamente falsa" la información sobre el borrado de datos y que éste haya sido comunicado a la Policía.

Versiones dispares

Para aclarar estas versiones dispares, LA VOZ se ha puesto en contacto con la Policía Nacional para aclarar si tienen o no la documentación y si recibieron como respuesta una negativa cuando se comisionaron en la sede de la Delegación de Servicios Sociales.

Un portavoz oficial ha explicado que están a la espera de recibir los documentos, negando por tanto que ya estén en su poder como señala la nota de prensa del Ayuntamiento. Sobre el virus, esta misma fuente oficial afirma que desde la Comisaría Provincial no se iban a pronunciar porque es una cuestión que le atañe al Ayuntamiento.

Primeras reacciones

Entre los candidatos que aspiran a suceder a Teófila Martínez en la Alcaldía, el primero en reaccionar a esta información ha sido José María González, candidato de Por Cádiz sí se puede. A través de una nota de prensa, 'Kichi' considera que el Partido Popular tiene serios problemas con los virus en sus ordenadores. "Es un poco sospechoso que se pierdan unos datos importantes para la investigación en un caso en el que la Justicia vio indicios de prevaricación por intento de adjudicación arbitraria de los pisos de Matadero".

El candidato ha lamentado que haya desaparecido estos documentos "del mismo modo que ya se perdiera la información sobre los supuestos 30.000 euros en negro de Bárcenas". Para González este último ejemplo es una prueba más "de la falta de transparencia que existe en el Ayuntamiento".

La Policía Nacional lleva un año investigando tal y como había solicitado en su escrito de denuncia el fiscal. Según las mismas fuentes de la investigación consultadas por LA VOZ, el atestado de los agentes está muy avanzado. Además de la intervención de los funcionarios policiales, el Ministerio Público solicitaba también que las concejalas responsables del área de Familia y de la concejalía de Servicios Sociales, Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, fueran interrogadas.

Ambas fueron señaladas por la Junta de Personal como las responsables de la alteración de los criterios técnicos en el sistema de elección de familias. Unas presiones que causaron la salida de la coordinadora del área de Asuntos Sociales, Pilar Tubío, y posteriormente de cuatro directoras de centro. Una cadena de dimisiones que añadían más sospechas sobre cómo se había ejecutado la adjudicación de viviendas.

La denuncia del Ministerio Fiscal se basa, sobre todo, en las declaraciones de estas antiguas responsables quienes no dudaron en reconocer que no se habían respetado los criterios técnicos.