La penúltima soberana estupidez

En boca cerrada no entran moscas. El secretario general del PSOE, deslenguaz, descamisado desmemoriado y sobre todo boquiabierto, ha pasado del empacho al ‘atragantón’. Los efectos de ello, toda una sarta de sandeces, incoherencias y falta de raciocinio en sus planteamientos. Ahora anuncia contra el viento de levante y el de poniente, la contrarreforma de la reforma laboral. Parece querer imponer la planificación de la actividad económica, sobre la base de nuevos planes quinquenales, todo ello aderezado de una especie de dictadura de naturaleza sindical, versión actual de la del proletariado, otorgándole poderes omnímodos, desproporcionados y que en cualquier caso no se corresponden con su exigua y casi nula representatividad real.

La llamada Transición en el ámbito socio laboral comenzó antes de la muerte del dictador. Está acreditado que entre 1974 y 1977 se produjo la mayor participación en la historia de España de la masa salarial en el valor añadido de la economía española. Pero pronto se advierte de la realidad de los acontecimientos económicos, acrecentándose los efectos de una gravísima crisis, con un doble componente endógeno y exógeno a la propia economía española. Las consideraciones internas quedaron circunscritas a la política de rentas y demás demandas sociolaborales otorgadas años atrás, lo que provocó importantes tensiones inflacionistas, que a su vez provocaron desequilibrios macroeconómicos de todo orden. La respuesta no se hizo esperar y la firma de los Pactos de la Moncloa supuso un baño de realismo: plan de austeridad, pacto social y político de rentas, autolimitación sindical de la movilización, de tal modo que el conflicto laboral no interfiriera en la normalización democrática, ni en el reajuste económico. Nacía el modelo sindical de la democracia llamado de ‘corporatismo de crisis’, en cuya virtud la concertación se establecía a partir de una serie de condicionantes: caída del poder adquisitivo, mantenimiento del nivel de empleo, la contención de los costes salariales como motor de la inversión y la extensión de la protección de desempleo. Además de ello, el reconocimiento institucional del sindicato más representativo, como interlocutor político del gobierno.

El reconocimiento de la participación institucional de los sindicatos y el modelo de concertación condicionó desde el principio el modelo de negociación colectiva, con predominio de la negociación nacional y sectorial en detrimento del convenio de ámbito de empresa. A lo que había que añadir, la ultra actividad de las cláusulas normativas de los mismos. Ambos elementos eran determinantes de las rigideces típicas que han lastrado la economía española y por ende la propia creación de empleo. De ahí la importancia de la reforma de 2012 que terminó con esta situación absurda desde todos los órdenes. Las tres cuestiones de mayor envergadura sobre la que pivota la reforma son: la preeminencia del convenio colectivo de empresa sobre cualquier otro, la posibilidad de descuelgue sobre condiciones determinantes de la productividad del factor trabajo y la limitación de la ultra actividad. Estos cambios son mucho más trascendente que el abaratamiento del despido y cuestiones relacionadas con las modalidades contractuales. La reforma ha sido adecuadamente planteada siguiendo las directrices del Tratado de Lisboa, en el contexto del modelo de economía social de mercado.