Del portátil por alumno a una caja de herramientas para toda la clase

«Por favor, que alguien me diga qué hago yo con esto y los quince chavales que tengo en Formación Profesional Básica», suplicaba un profesor de la provincia de Cádiz en un correo de denuncia.

El docente del módulo de Informática y Comunicaciones acababa de recibir el siguiente material para utilizar en sus clases: 15 cpu recicladas, 10 monitores reciclados, 15 teclados y ratón y 20 lotes de herramientas.

Dicho material llegaba días después y en realidad era: 15 CPU que corresponden a los Inves Pentium Celeron D del año 98, que han sido utilizadas durante estos años en las oficinas de la Junta, y sin modulos de memoria RAM. Esto significa que los equipos no pueden arrancar. Los 10 monitores son también Inves de 15 pulgadas del mismo año (por lo que 5 ordenadores no tienen tampoco monitor).

«Eso sí, los teclados y ratones son nuevos», apuntaba el profesor de Informática, quien indignado afirmaba que en el mismo centro se habían deshecho de los Pentium III del taller de Tecnología, años atrás.

«De las herramientas, mejor no decir nada, os mando una imagen» y este profesor envía la fotografía que se observa arriba. En ella aparecen: un martillo, seis destornilladores, unas tijeras, una llave inglesa, una caja de herramientas, un quemador de cables, un pequeño solador de estaño y cuatro alicates.

Éste es sólo un ejemplo de la bajada del presupuesto en materiales que sufre el alumnado y profesorado de los centros educativos. Pero es especialmente llamativo, por lo gráfico del caso, y por la defensa que hizo el propio consejero de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, sobre la implantación de la Formación Profesional Básica (FPB) en esta comunidad autónoma.

Según palabras del propio consejero, desde el primer minuto Andalucía «dijo no» a la implantación de la FPB y «ha puesto en marcha medidas para paliar los efectos negativos de estas enseñanzas».

Esta denuncia del profesorado de Informática y Comunicaciones la realiza el federación de Enseñanza del sindicato CC OO. Su representante, Sebastián Alcón, explica que no es un caso aislado, «al contrario, nos llegan ejemplos como éste bastante a menudo, a pesar de que el profesorado también tiene miedo a denunciar públicamente estas carencias».

Desde el sindicato Ustea ya habían denunciado meses atrás que la Junta «ha hecho a los centros una vaga promesa de dotación de los medios materiales para la enseñanza de la FPB, sin que hasta el momento dicha dotación se haya materializado». Ahora se está concretando dicha apuesta en los centros educativos.

Es cierto que Educación estableció una ratio máxima de 20 alumnos por aula y anunciaron un complemento de 100 horas más de formación troncal «para que los alumnos tengan más oportunidades en los exámenes de Secundaria». Es punto, por otra parte, ha sido muy discutido por organizaciones sindicales que denuncian una sobrecarga de horas para un alumnado «bastante desmotivado ya».

El titular de Educación, Luciano Alonso, refirió que el pasado año 14.188 personas demandaron Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y se cubrieron 10.522, mientras que con la FP Básica se han cubierto 8.421 y han sobrado casi 3.000 plazas en toda Andalucía.

Según fuentes sindicales como Ustea, este desfase entre oferta y demanda se debe a lo precipitado de la implantación de la FPB en Andalucía pero para Educación las causas son otras: «Los estudiantes que veían como última posibilidad de obtener la titulación en ESO y mantenerse en el sistema educativo se matriculaba en PCPI, ahora opta por otras vías para continuar su formación, como las pruebas de acceso a ciclos de grado medio», ha explicado.

Cuántos quedan fuera

Lo que no se ha podido cuantificar ni en la Consejería de Educación ni en la Delegación Provincial de la misma en Cádiz es el número de jóvenes que han quedado fuera de la Formación Profesional porque la oferta no se ajusta a la demanda, especialmente en módulos de FP de Grado Medio, como Peluquería y Estética o Auxiliar de Farmacia. Se contabilizan por centenares los que quedan fuera de cada instituto que lo oferta, pero la Administración no ofrece este dato.