La Policía centra en 23 entidades la investigación por cursillos falsos

El diputado autonómico por el Partido Popular gaditano abrió la caja de los truenos el pasado lunes. En una comparecencia pública, mencionó a tres empresas (Quiferzam, Explotaciones Agrícolas Plantasur y Delta Asesores) que están bajo investigación dentro del 'caso Edu' contra los cursos de formación fraudulentos.

El parlamentario soltó esos tres nombres con el argumento de que algunos de sus responsables tendrían una conexión con el PSOE. Con esa acusación, que sólo es una presunción por ahora, el dirigente del PP demostró conocer el listado de 23 empresas que están bajo investigación policial en la provincia de Cádiz dentro del entramado de operaciones 'Óscar' y 'Edu' que la Policía Nacional puso en marcha por una posible estafa multimillonaria en la realización de cursillos de formación ficticios a parados.

Los tres nombres dichos en público por Ruiz Canto están juntos en un solo listado de receptoras de subvenciones. Es el correspondiente a la página 48 del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicado el 14 de enero de 2011.

Fuentes de la investigación han admitido que, efectivamente, ese es el grupo inicial con el que han comenzado las investigaciones administrativas a fondo. En ese bloque hay otras 20 empresas o instituciones, entre ellas dos conocidas distribuidoras de alimentación, hasta ocho peluquerías y siete centros de formación. Están ubicados principalmente en Jerez, Sanlúcar y Cádiz. También destaca un conocido colegio concertado, precisamente jerezano.

Las subvenciones que recibieron las compañías, asociaciones o instituciones de ese bloque, de esa página del BOJA, suman 2.384.184 euros exactamente. Es decir, la misma cifra que dio el diputado provincial del PP en su rueda de prensa.

Esta coincidencia confirma que el PP ha tenido acceso a la documentación oficial y, de forma involuntaria o intencionada, ha señalado al conjunto de los investigados. Esos 23 expedientes bajo el foco fueron concedidos en 2010 y firmados todos, por tanto, por el entonces delegado provincial de Empleo, Juan Bouza Mera.

Hasta 211.000 euros por cabeza

Entre esos 23 casos gaditanos en investigación, la subvención más alta fue de 211.500 euros y la más baja de 18.375 euros. Destaca la presencia de pequeñas peluquerías que recibieron hasta 105.750 euros en ayudas para cursos.

Las mismas fuentes advierten de que el hecho de estar bajo investigación no presupone que la totalidad de las 23 empresas presente irregularidades. Eso sí, admiten que esos casos ejemplares apenas suman una cuarta parte del total.

Las irregularidades afectan, en distinto grado, a ocho de cada diez firmas escrutadas. Estas 23 empresas han sido las primeras de una investigación en profundidad abarcará meses, ya que el volumen de ayudas bajo sospecha concedidas por la Junta de Andalucía desde 2007 hasta 2011 es vastísimo, incluye a miles de empresas en miles de expedientes.