Ojeda y Junta, contra Alaya y la Fiscalía: ¿Sevilla o Cádiz?

Mientras las investigaciones de Policía y Guardia Civil avanzan en distintas direcciones y provincias, con diferentes ritmos y resultados, se produce otra batalla administrativa invisible. Es la de los juzgados. Los casos 'Edu'y 'Óscar' ligados a la obtención de decenas de millones a través de la organización de cursillos de formación a parados falsos o con graves deficiencias se originó en Cádiz. Las denuncias que lo pusieron en marcha se presentaron en Algeciras, originariamente en 2012, y en Chiclana, la definitiva, el pasado mes de julio.

Esa circunstancia hizo que las primeras detenciones, los registros, declaraciones e investigaciones recayeran en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, encabezado por Miguel Ángel López Marchena.

Sin embargo, tras la detención del exconsejero de Hacienda, el jerezano y exsocialista Ángel Ojeda Avilés, la omnipresente jueza Mercedes Alaya se hizo cargo de las diligencias y reclamó el caso al juzgado gaditano.

Desde entonces, se han formado dos frentes, dos coaliciones para presionar en uno y otro sentido, para que los casos por el fraude de formación se queden en instancias gaditanas o pasen a las sevillanas.

El más llamativo de los pronunciamientos en esta polémica llegó esta semana. El autor es el principal acusado, Ángel Ojeda Avilés, al que se achacan cuatro delitos y la organización de una trama para obtener hasta 50 millones en subvenciones con cursos de formación «ficticios».

El abogado del exconsejero de la Junta alega en su escrito que la jueza investiga presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones excepcionales a fundaciones como AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura «desde la perspectiva del órgano concedente de la subvención».

El letrado añade que «con rotunda claridad, define que la investigación se circunscribe a una actividad delictiva presunta en grado de cooperación necesaria de delitos cuya comisión viene reservada para los funcionarios públicos: prevaricación y malversación», expone. De forma sorprendente, aunque nunca por las mismas vías ni por los mismos motivos, la Junta de Andalucía también se ha mostrado partidaria de que el caso permanezca en Cádiz.

«A día de hoy, no existe acreditación suficiente de que el Juzgado de Sevilla se encuentre investigando las mismas y exactas subvenciones que las contenidas en el atestado de la UDEF», insiste el abogado, que añade que «tampoco es posible constatar que sea el Juzgado de Sevilla el primero que haya iniciado la investigación», pues Alaya ha dictado auto de imputación con fecha 11 de septiembre pero «no acredita ni refiere ni ofrece datos concretos para conocer desde cuando ha dirigido el objeto procesal de su investigación contra Ojeda» ni «desde cuando se encuentra investigando las mismas subvenciones que las que el Juzgado de Cádiz viene investigando».

Frente a Ojeda y la Junta están, sobre todo, Mercedes Alaya. Pero la estelar letrada de Sevilla tiene un aliado en la Fiscalía de Cádiz, que insiste en remitir todos los casos al juzgado hispalense.