El Estado cierra el grifo de las ayudas al entramado del exconsejero Ojeda

La detención del exconsejero de Hacienda, Ángel Ojeda, la investigación iniciada por Alaya, los frentes judiciales abiertos contra empresas del expolítico jerezano y el agujero a la credibilidad del Gobierno andaluz en cuanto a la correcta gestión de fondos públicos para la formación de parados, no fueron suficientes razones para que dos de las sociedades que están en el epicentro de la polémica, solicitaran 7,2 millones al Estado el pasado mes de septiembre.

Ambas concurrieron a la última edición para la financiación de planes formativos estatales dedicados a trabajadores y jóvenes menores de 30 años. Las bases de la convocatoria fueron publicadas en el BOE tan sólo semanas después del arresto del exdirigente socialista en su residencia de verano en Sanlúcar.

Este periódico se hizo eco de esta sorprendente solicitud presentada por la Fundación de la Formación del Empleo (Forpe) y la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas). Ambas sociedades, investigadas por la Policía Nacional y también por la Guardia Civil, acudieron al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para obtener financiación.

Sin embargo, esta vez el Estado ha rechazado sus expedientes, cerrando el grifo de las ayudas que regaban hasta este mismo año el entramado del jerezano.

El órgano colegiado que decide el reparto de los fondos públicos se ha reunido los días 10,17 y 24 de octubre y la valoración ha sido negativa para las dos empresas del exconsejero. Según han confirmado fuentes de la Fundación Tripartita, el motivo oficial han sido deficiencias en los expedientes, como no acreditar el ámbito estatal de las acciones formativas.

Esta decisión se acuerda en mitad del escándalo mediático y tras filtrarse también que el entramado de Ángel Ojeda no sólo bebió de las ayudas públicas de la Junta sino también del Estado, evidenciando así que la red de captación de subvenciones de este empresario, otrora alto cargo de la Administración andaluza, extendía sus tentáculos más allá de las fronteras andaluzas.

4,9 millones en 2013

En la convocatoria de 2013, Empleo concedía a cuatro empresas del exconsejero 4,9 millones de euros para acciones formativas. Humanistas y Forpe estaban entre las agraciadas con el respaldo económico público.

Este periódico ha rastreado en convocatorias anteriores y ha encontrado que las empresas de Ojeda llevaban recibiendo fondos públicos estatales desde hace más de tres años.

CCOO ya se opuso en 2013 a la financiación de los proyectos formativos avalados por unas empresas que escondían sus nexos de unión, presentándose al reparto de ayudas públicas como sociedades distintas. Al final de esa cadena de conexiones y en la cima del entramado, Ojeda y un grupo de colaboradores.

Los representantes del sindicato CCOO en el órgano colegiado votaron en contra y esgrimieron como motivos, entre otros, las denuncias públicas que apuntaban desde 2008 a posibles irregularidades en los cursos impartidos por esas empresas.

Los sindicalistas recordaron, por ejemplo, la investigación iniciada en un juzgado de Algeciras a partir de la denuncia de una docente, que acusa a Natura (otra de las sociedades del entramado) de querer pagarle a través de facturas falsas por impartir unas acciones subvencionados por la Junta.

Esta empresa está en la diana de la jueza Alaya por ser una de las receptoras de cuantiosas subvenciones para el reciclaje profesional del colectivo de extrabajadores de Delphi mediante una formación de dudosa eficacia.

Los mismo beneficiados

El sindicato ponía de relieve las distintas conexiones que había entre asociaciones aparentemente distintas pero que en realidad estaban dirigidas por las mismas personas.

Citaban el ejemplo de Natura o Asociación de Apoyo al Medio Ambiente en la que consta como presidente Federico D. B., que a su vez aparece como apoderado y cabeza visible de otras sociedades ligadas al exconsejero. Para la Policía, se trata de un estrecho colaborador de Ojeda y como tal fue detenido también en la ‘operación Óscar’.

En el órgano colegiado se expuso también que además de los directivos, las empresas demostraban que estaban relacionadas entre sí porque impartían los cursos en las mismas instalaciones.

Para que eso no supusiera un inconveniente de cara a la Administración, que exige a las empresas una acreditada experiencia formativa y suficientes recursos materiales, aparentaban el alquiler de oficinas entre mercantiles.

Este conjunto de coincidencias demostraría que un mismo grupo empresarial trataba de abarcar varias subvenciones dentro de una misma convocatoria.

«Los argumentos que ahora se emplean para rechazar los expedientes de esas empresas eran de aplicación el año pasado. Y si hubiera sido así, se habría evitado la financiación de más de cuatro millones de euros a unas empresas que están bajo sospecha judicial. La negligencia es evidente», señalan fuentes de CCOO.

Este año, los sindicatos y la patronal han sido excluidos del órgano colegiado. Sólo participan técnicos y responsables del Servicio Público de Empleo (SEPE). El Gobierno central ha aprobado un nuevo modelo de Formación Profesional para el Empleo en el que se reserva la potestad para evaluar y decidir sobre el reparto de estas subvenciones.