La UE tumba la ayuda fiscal a las grandes del Ibex para crecer fuera de España

A sólo dos semanas de formalizar su marcha de la cartera de Competencia, Joaquín Almunia ha decidido cerrar un complejo asunto que venía de lejos, que él heredó y con el que su sucesora, Margrethe Vestager, deberá seguir lidiando. Ayer, la Comisión Europea ordenó a España recuperar aquellos incentivos fiscales de los que se han podido beneficiar grandes multinacionales del Ibex-35 a la hora de comprar participaciones empresariales fuera de España. Un régimen fiscal que viene de lejos (2007), que fue modificado en 2012 por el Gobierno de Marino Rajoy otorgándole carácter retroactivo y que ahora acaba de ser declarado incompatible con el régimen europeo de ayudas de Estado a modo de corolario de un expediente abierto en julio de 2013.

Así lo anunció el colegio de comisarios a través de un breve comunicado. Almunia, ante la sorpresa generalizada, no compareció pese a filtrarse la noticia el martes. Su portavoz, Antoine Colombani, se limitó a explicar las grandes líneas de un árido expediente administrativo del que se desconocen sus principales elementos: qué empresas son las beneficiadas (Banco Santander, Telefónica, Abertis, Iberdrola o Axa estarían entra las afectadas) y cuánto dinero deberán devolver a las arcas españoles para cumplir con Bruselas. Respecto a las cantidades que están en juego, fuentes comunitarias explicaron que corresponde ahora al Ministerio de Hacienda, Finanzas y Presupuestos calcular estas cuantías. Un procedimiento similares al vivido con el conflicto del 'tax lease' (astilleros) o las vacaciones fiscales vascas. Dicho de otro, que aún quedan muchos meses e incluso años hasta que todo quede esclarecido.

Tres cuestionamientos

Preguntado sobre este asunto, el ministro español del ramo, Cristóbal Montoro, intentó minimizarlo al máximo: «No es un problema demasiado importante para nadie, ni siquiera para las empresas afectadas». En declaraciones a los medios antes de asistir a la junta directiva de la patronal CEOE, explicó que el Gobierno analizará el expediente cuando lo reciba y admitió que el mecanismo fiscal cuestionado ha sido «muy utilizado» por las compañías para favorecer su internacionalización, lo que también «ha ayudado a salir de la crisis». Pese a ello, insistió que «no será un problema para ellas».

Montoro aclaró que desde 2012, a través de los cambios introducidos en el Impuesto de Sociedades, el uso de esta figura de desgravación fiscal se ha reduciendo de forma progresiva. El martes, su secretario de estado, Miguel Ferre, explicó que en aquel año recortaron la exención del 5% al 1%. Ayer, preguntado de nuevo sobre el asunto y por las cantidades que esperan recaudar, eludió 'mojarse' al asegurar que «es una cuestión difícil de determinar porque es un beneficio fiscal que pueden tomar o no tomar las empresas según los años y los resultados que tengan». Este es uno de los elementos centrales del debate. La normativa ofrece a las firmas amortizar en un plazo máximo de veinte años el llamado fondo de comercio -la diferencia entre el valor en libros de una empresa y el precio pagado por ella-, de ahí que muchas de estas cantidades todavía no se han deducido, como reconoció Colombani.

¿Y ahora, qué? Mientras Hacienda comienza a cuantificar las cantidades a devolver, comenzará un nueva batalla judicial en Luxemburgo ya que se da por hecho que el Gobierno recurrirá en las próximas semanas esta decisión.