Investigan si una promotora pagó por hacerse con adjudicaciones urbanísticas en Rota

Las diligencias que se instruyen desde el año 2012 en el juzgado nº 1 de Rota por presunta prevaricación del Gobierno local en la firma de tres convenios urbanísticos con la promotora del constructor Felipe Castellano, se adentran este mes en el supuesto beneficio que obtuvo el entonces alcalde de la localidad, Lorenzo Sánchez (RRUU), cuando aprobó esos acuerdos.

Los indicios que se ponen encima de la mesa y que van a ser el nudo de los interrogatorios previstos para este mes de octubre son una serie de facturas que emitieron empresas presuntamente relacionadas con Sánchez y su esposa a la constructora. Una vinculación comercial que para las acusaciones podrían esconder el precio que supuestamente pagó la promotora por hacerse con la ejecución de unos convenios urbanísticos sin pasar por un concurso público. Una contraprestación de la que se habría beneficiado exclusivamente el exregidor, cuyas empresas son objeto de otra investigación judicial (el ‘caso uniformes’).

Un informe de la Agencia Tributaria señala que la promotora ‘contrató’ servicios de las empresas Epis Rotasur, Coanda y Pacheco y Puyana (todas ellas relacionas con Sánchez y su mujer) por importe de 383.737 euros, según consta en diversas facturas que están aportadas al procedimiento. Esa facturación se produce entre los años 2007 y 2010, que es el periodo que está siendo investigado porque es cuando se cierran los convenios bajo sospecha.

De esos casi 400.000 euros, la mayor parte fue facturada a la sociedad Pacheco y Puyana. Con un objeto social amplio, que va de la fabricación de artículos de cerrajería, carpintería y herrajes, hasta construcciones completas, esta mercantil fue constituida por la mujer de Lorenzo Sánchez, Rosario Pacheco, y la esposa del exedil del PP, Ismael Puyana. Se crea a finales de 2006 y la mayor parte de sus ingresos provienen por servicios prestados a la promotora a la que recaían sucesivas adjudicaciones de obra pública.

Tras la firma de los convenios urbanísticos, en marzo de 2010, la sociedad Pacheco y Puyana S. L. queda prácticamente inactiva. Ese mismo año, Lorenzo Sánchez renuncia a la Alcaldía y cede el bastón de mando a su socia de Gobierno, Eva Corrales. Si bien, no abandona la Corporación y pasa a ser la mano derecha de la regidora popular.

El hombre de paja

La defensa del exalcalde ha defendido en el ‘caso uniformes’, donde vuelve a aparecer la sociedad Pacheco y Puyana como una de las beneficiarias de contratos públicos del Ayuntamiento, que su mujer se desvinculó de esta sociedad al vender sus participaciones a un conocido de la pareja. Una figura esencial en varias de las causas judiciales abiertas y de quien se investiga que pudiera ejercer como posible testaferro de la pareja. Un hombre de paja a quien presuntamente usaron para que constara en las sociedades que creó el matrimonio y burlar así la ley que veta los contratos públicos a los cargos y sus cónyuges. Una persona a la que Lorenzo Sánchez definió como una especie de hijo en uno de sus interrogatorios.

Tanto la mujer de Sánchez, como Ismael Puyana y su esposa, y el presunto testaferro tendrán que prestar declaración como imputados el próximo 23 de octubre. Salvo que se acojan a su derecho a no declarar serán interrogados por esa relación comercial que mantuvo su empresa con la promotora de Felipe Castellano.

En esta causa ya están imputados Lorenzo Sánchez, Eva Corrales, que fue delegada de Planeamiento durante la firma de los convenios y el promotor. Cuando arrancaron los interrogatorios en sede judicial, la empresa anunció la devolución al Consistorio de cuatro millones indebidamente percibidos a través de esos convenios, según confirmó en su día el PSOE, quien vio en este anuncio una suerte de reconocimiento de culpa.