Detectan 18 de fraudes en el suministro de agua por valor de más de 50.000 euros

La amistad por lo ajeno no entiende de límites, incluso aunque el bien apropiado es de la colectividad. Y sino que se lo digan a Chiclana Natural, la empresa municipal de aguas de Chiclana que en lo que va de año ha abierto en lo transcurrido un total de 18 expedientes contra personas que han realizado acometidas ilegales. Se trata de una práctica que hace que el infractor consiga suministro de agua sin que esta pase por el contador o, directamente, sin contar con contrato alguno de suministro. «Con ello evitan pagar el consumo real y los diferentes conceptos legalmente establecidos en la factura», como explican desde el Ayuntamiento.

Lo cierto es que este tipo de fraudes no son algo anecdóctico ni mucho menos. Tan solo hay que atender al importe económico que la detección de este tipo fraudes le permite recuperar al Ayuntamiento. En lo que va de año, el Consistorio ha recuperado más de 40.000 euros de un importe defraudado estimado en 50.242 euros, según el Reglamento Domiciliario del Agua. La cantidad recuperada incluso puede ser casi íntegra Dependerá de un caso concreto que llevó a a la empresa municipal a mantener una causa abierta en el Juzgado de lo Penal por defraudación de agua relativa al año en curso, en la que Chiclana Natural se ha personado como acusación particular. Así, si los juzgados fallan a favor de esta causa el importe recuperado será «casi íntegro».

Está por ver si el 2014 traerá nuevos casos de fraude. Echando la vista atrás, el número de casos del presente año es menor a los registrados en 2013, aunque mayor que los de 2012. Así, el pasado 2013 llevó aparejada la detección de un mayor número de fraudes, que se elevaron a 20. Chiclana Natural reclamó entonces a los expedientados 112.251 euros, de los que al día de hoy se han recuperado 89.057 euros, según datos aportados por el propio Consistorio chiclanero. Al igual que ocurre este año, el importe podrá crecer, en función de la resolución de los tres casos que aún se encuentran pendientes de fallar y que son relativos a dicho periodo.

En lo concerniente a 2012, se detectaron 15 casos de fraude que elevaron el importe defraudado a 92.012 euros, de los que se recuperaron 69.143 euros. También de este año el importe será mayor si los dos casos que esperan resolución en los juzgados fallan a favor de la empresa municipal de aguas.

«La persecución del fraude es un deber inexcusable de los ayuntamientos. Quienes realizan prácticas ilegales y fraudulentas para el suministro no sólo obtienen un beneficio a costa del resto de ciudadanos, sino que se aprovechan de manera ilícita de unas instalaciones y un bien común esencial para la población como es el agua», recalca el concejal de Medio Ambiente Nicolás Aragón. En este sentido, abundó en el perfil de la mayor parte de los defraudadores: «A muchos ciudadanos les sorprendería el nivel económico de gran parte de los defraudadores, lo que choca bastante con lo insignificante que resultaría para ellos hacer frente al pago del recibo de agua de manera legal». Aragón sí deja claro que el Ayuntamiento tiene recursos, a través de la Delegación de Servicios Sociales, para «respaldar a las familias que de forma justificada no tienen recursos para costear el suministro del agua». Por ello, asegura que «nadie tiene la obligación de defraudar para el acceso básico al agua».

Defraudadores poco avispados

Con independencia del perfil del defraudador, lo cierto es que «los infractores no son conscientes de que la empresa municipal cuenta con medios tecnológicos que permiten la persecución de este tipo de fraude», como explican desde el Ayuntamiento. De hecho, estos medios se han incrementado recientemente con la adquisición de una nueva microcámara con un mayor alcance para la detección de elementos de ‘by-pass’ que eviten los contadores. Sin embargo, la principal alarma para Chiclana Natural se activa con los consumos anómalos. Es ahí cuando la labor de los inspectores resulta clave para averiguar lo que ocurre ya que con sus controles habituales permiten descubrir la existencia de un consumo ilegal en un inmueble. Tras la obtención de las pruebas que evidencian el suministro de agua de la red sin control se procede a la presentación de la correspondiente denuncia.

Por ello, desde el Ayuntamiento advierten que el pago voluntario permite minorar las consecuencias penales derivadas del proceso judicial. Son estos casos los que el Ayuntamiento cifra en el histórico de años como importes recuperados. Sin embargo, de no existir disposición por parte del defraudador de efectuar el pago por la vía administrativa son los tribunales de Justicia a los que corresponde dictar una resolución. Con el agravante, como explican desde el Ayuntamiento, de que una condena con sentencia firme –en la que se da por probado el fraude– supone incurrir en un delito penal, la asunción de la multa correspondiente y el pago de las costas del procedimiento judicial. De forma que lo que comenzó como intento de burlar a la administración para hacerse con agua gratis se convierte en un verdadero quebradero de cabeza. Como para pensárselo.