El crimen organizado sacude México
La violencia extrema y la impunidad de los delitos debilitan la imagen de Peña Nieto
LA HABANA.Actualizado:A Enrique Peña Nieto, tan peripuesto como imagen de un México moderno, receptor de inversiones y en pleno crecimiento, le han estallado dos casos terribles, calificados de crimen de Estado y genocidio, que han colocado a México en el punto de mira del mundo. El presidente mexicano quiso sacar de la agenda pública el tema del crimen organizado pero el tiro le ha salido por la culata. La reciente desaparición y posible muerte de 43 estudiantes de magisterio en Iguala, junto al asesinato en Tlatlaya de 22 miembros del crimen organizado a finales de junio, fallecidos a manos de soldados que llegaron a utilizar las mismas armas de los narcosecuestradores, parecen destinados a convertirse en un punto de inflexión en el tema de seguridad.
«Es inaceptable que en un estado democrático de derecho como México pueda existir localidades con tal vacío de autoridad y, peor aún, con vínculos de complicidad entre gobernantes y delincuentes», sentenció el presidente el viernes.
Próximo a cumplir dos años de mandato, el gobernante que logró recuperar el poder para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), presumía de la Marca México tras encarcelar por corrupción a la 'lideresa de los maestros', Elba Esther Gordillo, y la captura del capo del cartel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
Los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa vuelven a agitar el sambenito de que México es un país rehén del crimen organizado, la corrupción y la impunidad que se deriva de la penetración de los delincuentes -mayoritariamente ligados al narcotráfico- en las principales estructuras del Estado.
Lo que menos necesita su Gobierno es a delegados de la ONU diciendo que lo ocurrido «es absolutamente censurable e inaceptable. No es tolerable que hechos de estas características ocurran, y aún menos en un Estado de Derecho», anticipando que esos trágicos y violentos sucesos pondrán a prueba «la voluntad y la capacidad» de México de resolver violaciones tan graves.
«Durante años hemos identificado la impunidad que prevalece en México en los casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas. También hemos resaltado las deficiencias en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas», dijo la ONU.
Amnistía Internacional (AI) de México lamentó que las familias de los estudiantes desaparecidos sigan «sufriendo las consecuencias de una investigación judicial caótica y hostil», y que las autoridades los estén buscando como «muertos y no como vivos». Además, la reacción nacional tampoco baja el tono y se siguen registrando marchas y actos multitudinarios exigiendo justicia.
Tras la crisis de Iguala, el Gobierno tomó el control del Estado enviando soldados y fiscales que han dejado a las autoridades locales sin poder. El alcalde José Luis Abarca lo dejó por voluntad propia al huir junto a su esposa, hermana e hija de narcos.
El Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) ponía el dedo en la llaga. Que el Gobierno supla a las autoridades locales cada vez que hay una crisis «no es una señal de la fortaleza del Estado mexicano sino de su debilidad», dicen.
Complicidad policial
Con relación al enfrentamiento del 30 de junio en San Pedro Limón, el procurador general, Jesús Murillo Karam, aseguró que siete soldados y un teniente se enfrentaron a un grupo de 22 supuestos delincuentes. Algunos de ellos murieron en la refriega pero los que quedaron vivos fueron rematados con sus propias armas por los militares, que ahora podrían ser imputados de ejecución extrajudicial masiva.
En el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, más de 30 policías municipales atacaron tres autobuses repletos de jóvenes, los detuvieron y los entregaron a sicarios del cartel Guerreros Unidos. Los agentes y una decena de civiles están detenidos.
Sin embargo, según el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, «algunos de los cuerpos que se localizaron, de acuerdo con los avances en la investigación, no corresponden a los estudiantes de Ayotzinapa». Llevando la contraria al fiscal general, anticipó que en las próximas horas se darán a conocer más detenciones y, por esa razón, asegura tener «muchas esperanzas de que los jóvenes aparezcan con vida».