Ferviente defensa del tranvía por su llegada

Aún queda. Ni siquiera hay fecha para que circule de manera habitual con su trayecto fijado entre Chiclana, San Fernando y Cádiz, pero sin duda el verlo transitar aunque sea en pruebas por la provincia será un hito. Sobre todo al recorrer lo que sería el trayecto interurbano entre San Fernando y Chiclana y ante la probabilidad de que pase también por Real.

Una posibilidad que ha hecho que desde Izquierda Unida se haya comenzado una ferviente campaña de defensa sobre este medio de transporte. Y es que la formación ha emprendido una ofensiva de cara a lograr el necesitado consenso entre administraciones para que el proyecto llegue a término en los plazos previstos y no haya problemas para antes de finales de año pueda estar en prueba, tal y como ayer volvió a indicar en sede parlamentaria la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés. Con este objetivo, el parlamentario andaluz de IU por Cádiz, Ignacio García, preguntó en pleno del Parlamento por el punto en que se encuentra un proyecto que a su juicio, «constituye un reto apasionante en movilidad sostenible y de cohesión y articulación del territorio» en la Bahía de Cádiz.

Por ello García pidió al Partido Popular y a las administraciones de las que dependen que el tranvía salga adelante «que dejen de poner la zancadilla, a no ser que lo que estén buscando sea retrasar la inauguración del tranvía hasta que a ellos les interese». El diputado de IU recordó las bondades de un proyecto en el que cada uno de los siete vehículos contratados, «tienen capacidad equivalente a cuatro autobuses o 200 vehículos privados». En su intervención ante la consejera, García consideró «conveniente que otras administraciones colaborasen y arrimasen el hombro para que el proyecto se hiciera realidad».

En este sentido, aludió al Ayuntamiento de San Fernando, con el que se tiene pendiente la firma del convenio para la subestación de suministro eléctrico, que recordó «no sólo beneficiará al tranvía, sino a núcleos de población como Janer o la Ronda del Estero» De esta manera, se refirió a la «necesidad de mantener la filosofía de la sostenibilidad y que no se pretenda volver a hacer de la calle Real una calle rodada, porque el uso de vehículos supondría su deterioro». Por otra parte, señaló el segundo punto de fricción con administraciones gobernadas por el Partido Popular, en este caso el Ministerio de Fomento y la esperada firma del protocolo para la conexión del último tramo de vía con la vía convencional de ferrocarril, sobre la que indicó que se espera que se firme «cuanto antes».

García instó a la «buena voluntad entre administraciones» y animó a la Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a que colabore «y permita la prueba de los vehículos», ya que inicialmente autorizó el traslado de los vehículos a Bahía Sur para que fueran expuestos a la ciudadanía y luego «de manera sorprendente», según la consejera, no se permitió que estos vehículos llegados desde Irún a Sevilla vinieran hasta la Bahía a ser expuestos en las estaciones. El parlamentario de IU recordó que «la Junta está haciendo los deberes, está haciendo su parte; sólo queremos pedir que las demás administraciones que también se van a beneficiar de ello, pongan la suya, por el bien de todos los ciudadanos de la Bahía».

Moción en Diputación

La ofensiva de IU para intensificar la defensa de la puesta en marcha del tranvía ha llevado a la formación a presentar una moción que será defendida en el pleno de la Diputación provincial de la próxima semana, así como en los ayuntamientos de Chiclana, San Fernando y Cádiz. En dicha propuesta, Izquierda Unida pedirá al pleno provincial su apoyo al proyecto de tranvía metropolitano de la Bahía de Cádiz ejecutado por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. El portavoz de IU en la Diputación, Pedro Romero, aseguró que una vez que el proyecto ha sido considerado por la propia Unión Europea como 'Gran Proyecto' por su eficiencia como sistema de transporte para la Bahía de Cádiz, «debería obtener el máximo apoyo posible del Gobierno central y el máximo consenso entre administraciones».