El Gobierno defiende la pensión vitalicia de los expresidentes

El Gobierno no hace juicios éticos sobre la pensión vitalicia de los expresidentes y que puedan compatibilizar esas remuneraciones con otras actividades profesionales pagadas, pero defendió su existencia. La vicepresidenta argumentó que es una práctica común a la mayoría de los países democráticos y recordó que en España está en vigor desde 1983.

Los Presupuestos de 2015 contemplan una partida de 298.320 euros para los tres expresidentes del Gobierno, la misma que en 2014. Este año correspondió a cada uno de ellos casi 75.000 euros brutos anuales, pero debido a la muerte de Adolfo Suárez la pensión de los tres exgobernantes vivos subirá el próximo año a casi 100.000 euros. Unos ingresos a los que habrá que añadir los sueldos por sus otras remuneraciones profesionales. En torno a los 200.000 euros al año en el caso de José María Aznar por ser consejero de Endesa; sobre los 160.000 para Felipe González por Gas Natural; mientras que José Luis Rodríguez Zapatero percibe 71.392 como consejero de Estado. Todo ello al margen de los emolumentos que ingresan por conferencias, libros o cursos.

Soraya Sáenz de Santamaría defendió las pensiones vitalicias para que cumplan con «las funciones de representación a la democracia que les ha votado y al parlamento que los ha elegido». España, argumentó, «no es una excepción» y forma parte de «la regla general en la mayor parte de los estados democráticos del mundo».

La número dos del Ejecutivo respondía así a una pregunta en el Congreso del líder de IU, Cayo Lara, en la que subrayó que con esas prácticas «la ética se va por las alcantarillas». Reclamó que al Gobierno que, ahora que «habla tanto» de regeneración democrática, aproveche para «dar ejemplo». Lara no precisó si quería suprimir la pensión vitalicia de los expresidentes o hacer incompatibles estas con otras actividades remuneradas.