Catalá no suprimirá las tasas judiciales de Gallardón, pero rebajará su cuantía

El Gobierno no suprimirá las tasas judiciales que gravan la presentación de recursos en las órdenes civil, contencioso-administrativo y social desde diciembre de 2012. Solamente prevé revisarlas para «ajustar» su cuantía, que en su momento provocó una subida de entre 50 y 750 euros, con lo que las arcas públicas han ingresado más de 300 millones de euros.

Este es el plan que tiene el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, para calmar las aguas con todos los operadores jurídicos, sin distinción, que hicieron un frente común contra el dimitido Alberto Ruiz-Gallardón para pedir la eliminación del gravamen por vulnerar la tutela judicial efectiva y no cumplir con el propósito para el que fueron diseñadas, financiar la asistencia jurídica gratuita.

Primero en el Congreso y luego ante la cúpula de la Abogacía, formada por los 83 decanos del país más el presidente del Consejo General, Carlos Carnicer, y los vocales electos, Catalá quiso mostrar un talante pactista y dejó claro ayer que su voluntad «es analizar, revisar y ajustar» su aplicación para conocer el impacto real que tienen en la administración de Justicia.

El anuncio, como es lógico, no agradó del todo a los abogados, que reclaman su supresión por los efectos negativos que están teniendo en las cuentas de resultados de muchos bufetes. La ecuación es sencilla: si suben las tasas los clientes no recurren en sucesivas instancias por temor a perder, por lo que los ingresos caen. Se habla incluso de que los despachos han dejado de ganar una media del 30%. A lo que se suma la manida crisis que también ha afectado al sector.

Pudiera parecer que de las palabras del ministro se concluye que en los 14 meses que quedan de legislatura no dará tiempo a «ajustar» las tasas. Pero Catalá se ha comprometido a que su plan se apruebe «con el máximo consenso» antes de finalizar dicho periodo. Un encargo que viene en persona del propio presidente Mariano Rajoy con la vista puesta en las elecciones de 2015.

Usuario cualificado

El ministro aclaró que de los más de ocho millones de asuntos que cada año los ciudadanos presentan en los tribunales, más del 83% no están sometidos a tasas, ya que son asuntos penales y laborales. En todo caso recordó que siendo él secretario de Estado de Justicia entre 2002 y 2004, el Gobierno del PP aprobó una ley por la que se implantaron las primeras tasas asociadas al orden mercantil y a las personas jurídicas, que han perdurado hasta ahora.

Catalá mostró su convencimiento de que las tasas deben existir en la justicia como una contribución por un usuario cualificado de una función jurisdiccional, pero añadió que hay que hablar también de la financiación de la asistencia jurídica gratuita «sin necesariamente contaminar un debate con otro».

La oposición en el Congreso agradeció su búsqueda del consenso en las reformas pendientes de su departamento, pero fue especialmente dura con las tasas. El portavoz de Justicia del PNV, Emilio Olabarría, le espetó «que esta ley ha resultado un fraude de naturaleza colectiva, para las comunidades autónomas en primer lugar ya que han tenido que financiar sus servicios de justicia gratuita con cargo a sus presupuestos como han podido».

Olabarría agregó que además se ha visto desnaturalizado el artículo 24 de la Constitución, que garantiza la tutela judicial efectiva y prohíbe la indefensión. El fundamento central del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE y que todavía está pendiente de resolver. Abogados y procuradores también mantienen esta tesis.