Unas ayudas bajo sospecha

El trato especial que recibieron los trabajadores de Delphi por parte de la Junta tras el cierre de la factoría en febrero de 2007 está bajo sospecha. La jueza Mercedes Alaya ha solicitado al Gobierno andaluz los expedientes sociolaborales que se tramitaron entre 2010 y 2012 en favor de este colectivo a través de la Consejería de Empleo. La magistrada quiere saber si el entonces presidente, José Antonio Griñán, podría haber incurrido en un delito con el trato de favor que ofreció su Gobierno a este colectivo de parados. Lo que trata la jueza es de buscar alguna relación entre Griñán y las ayudas concedidas por su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, a estos parados. La Junta habilitó una fórmula laboral no reglada para que los exdelphi tuvieran una cobertura y, a la vez, recibieran una formación remunerada. La Inspección de Trabajo se ha encargado en un informe de desmontar este procedimiento inventado por la Junta para favorecer a estos parados y evitar con ello protestas en vísperas electorales. El informe de la Inspección ha confirmado que se han encontrado graves indicios de irregularidades en la concesión de estas prestaciones. Es decir, los exdelphis estuvieron cobrando por recibir unos cursos y, al mismo tiempo, cotizando por ellos. Esta cotización es la que les ha permitido sumar tiempo para el desempleo, sin embargo, la Inspección de Trabajo ha resaltado que esta práctica no es correcta y sitúa el punto de mira en la Junta por haber puesto en marcha una relación laboral ficticia. La Inspección no descarta que el colectivo tenga que devolver parte del desempleo cobrado, pero el Gobierno de Susana Díaz ya se ha apresurado en advertir que se estudiará caso por caso. La jueza Alaya trata de depurar responsabilidades.